“Deben suspenderse de inmediato los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia”



Sede de los Juzgados de Familia de Madrid. /Foto: hazteoir.org.

Miguel Sempere.

Los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia son un cachondeo, funcionan en la alegalidad, sin normativa sustentadora y en esos Juzgados se pueden estar cometiendo delitos en gran escala. Todo un movimiento social articulado en torno a la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción considera que ha llegado el momento de suspender de inmediato los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados y abrir una vía de revisión de las sentencias emitidas en esta ambientación de completa chapuza.
Eugenio Martín Closas, directivo de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, declara a Rambla Libre que el balance de esos equipos psicosociales es “desastroso, las quejas y denuncias han sido constantes”. El escándalo ha saltado a raíz de las declaraciones, grabadas, de la psicóloga del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, en las que afirma que los dictámenes se resolvían en reuniones con la titular del Juzgado, pero eso no es la excepción, sino la regla. Para Eugenio Martín, “los equipos psicosociales de todos los juzgados de familia, al permanecer adscritos a esos Juzgados están expuestos a sufrir las interferencias del Juez titular del Juzgado correspondiente, dado que el Juez es su Responsable ‘funcional’; ya sea por instrucciones concretas de los Magistrados al equipo, ya sea por sus posibles encuentros fuera del cauce procesal para acordar los informes y custodias, es algo a lo evidentemente están expuestos todos los ciudadanos y tenemos constancia que sucede en otros Juzgados. Mientras no sean independientes la pericia está contaminada o expuesta a su contaminación”.
Eso conlleva que “en aquellos casos que se están acordando los informes y custodias entre el magistrado y ‘su equipo adscrito’ se producen presuntos delito de prevaricación y de generación de prueba falsa. Además, como toda la pericia es completamente opaca al no grabarse las entrevistas, no facilitarse copia de los test ni de los manuscritos, no registrarse la entrega al equipo de pruebas que aporten los progenitores, no permitir la intervención de un perito de parte, y estar en muchos casos sin colegiar los miembros de los equipos con el objeto de quedar al margen del Código Deontológico, tenemos el entorno más propicio para confeccionar informes completamente manipulados y sin garantía alguna. Recordemos que los peritos sin colegiar, conforme al Estatuto del Consejo General de colegios oficiales de psicólogos y de los Estatutos de los Colegios Oficiales de psicólogos, no pueden hacer informes a terceras personas y en los Juzgados de familia lo hacen todos los días”.
Por todo ello, “deben suspenderse con carácter inmediato los equipos psicosociales adscritos a los juzgados y empezar a cumplir la Ley de enjuiciamiento civil, designando los especialistas por insaculación en el colegio profesional correspondiente según la especialidad. Además, la Administración de Justicia tiene que orquestar la posibilidad de que los ciudadanos afectados por las Sentencias que se han basado en estos informes tergiversados pueden instar un procedimiento para anular las Sentencias y revisarlas, asumiendo las indemnizaciones que correspondan por el gravísimo perjuicio causado a los menores y progenitores”.
 
La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid “es responsable dado que desde que se cedieron determinados recursos de la Administración de Justicia a las Comunidades autónomas, la Consejería de Justicia es la responsable de los equipos y su funcionamiento. Ha contratado por medio de pliegos técnicos a psicólogos sin colegiar, dado que no lo ha exigido. Para colmo ha dejado a los equipos estar adscritos a los Juzgados permitiendo que no se de la independencia de los equipos con respecto al juez juzgador. Además, negoció al menos en la sanción a Natalene con el Juzgado 28 la no aplicación de la inhabilitación…esta forma de operar es posible que se haya repetido en otras con otras sanciones a psicólogos, y supone un presunto delito de prevariación administrativa por parte de la Consejería de Justicia”.

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