Un “torturado” por la ideología de género quiere pedir asilo político en Bélgica



La Grande Place de Bruselas.

Redacción.

La ideología de género tiene sus víctimas, silenciadas, puesto que se ha convertido en un gran negocio. Juan Pedro Rodríguez es una de ellas. Reproducimos el correo que nos ha remitido en el que cuenta las “torturas” a las que ha sido sometido y su intención de pedir asilo político en Bélgica:

Personalmente llevo más de doce años luchando contra los abusos de las leyes impulsadas por la ideología de género en España, por lo mismo que la mayoría de hombres en España: comienzo de divorcio, interposición de denuncias falsas por parte de mi ex mujer, impedimento de contacto con mis hijos, etc.

Casi todo ese tiempo estuve estudiando leyes, lo que podía y me dejaba mi trabajo de músico y profesor de guitarra, que a veces era bastante porque me sacaba el tiempo del sueño o donde fuera con tal de defenderme y luchar por mis hijos.

Como finalmente las denuncias de mi ex mujer no sirvieron para meterme en prisión ni conseguir condena alguna, y teniendo en cuenta que además de las leyes de género, mi ex mujer contaba y cuenta con el apoyo inestimable de personal del juzgado con el que toda su familia y ella tienen amistad, dilataron durante más de cinco años una demanda de modificación de medidas que presenté en 2007, para tenerme todo ese tiempo incumpliendo involuntariamente una sentencia judicial sobre pago de manutención que no podía afrontar, ya que el acoso judicial por medio de las denuncias y la alteración completa de mi forma de vivir usando a mis hijos como bala de plata, me empezaron a ocasionar desde el principio perjuicios graves en mi trabajo, perdiendo hasta un 70% de mis ingresos habituales.

Estoy firmemente de que tiene rasgos psicopáticos, ya que si bien tiene su trabajo, si no me hubiera destrozado la vida hubiera tenido en mi persona una fuente de ingresos continua mientras mis hijos crecieran, pero su persecución e interés en meterme en prisión lo antepuso siempre a todo.

Me juzgaron en varias ocasiones por impago de manutención por vía penal. La mayoría de la gente sabe que el impago de manutención es uno de los pocos motivos en nuestro código penal por el que se puede condenar a una persona (por qué no decir “a un hombre” para ser más ajustados a la realidad, no?), pero existen matices.

En primer lugar, no existe dolo cuando la persona que no paga no lo hace por falta de voluntad, sino por falta de capacidad, en cuyo caso no se puede juzgar como delito, la obligación del juzgado que recibe la denuncia es derivar la denuncia a un juzgado de lo civil para que allí se establezca si realmente se entiende una deuda contraída por la persona que es acusada del impago, o las circunstancias indican que se debe liberar de dicha deuda, atendiendo a todos los aspectos del caso y la situación familiar. Incluso en muchos casos las denuncias de este tipo son directamente archivadas cuando queda probada la insolvencia del obligado a pagar, y añado: la jurisprudencia del Tribunal Supremo aconseja “desoír” las denuncias de las madres que por otro lado están impidiendo la normal relación y contacto del padre con los hijos.

En el primer procedimiento la fiscalía, con insolvencia probada desde el primer momento, pidió libre absolución. Pero yo ya llevaba muchos años dando guerra por mis hijos, contra las falsas denuncias de mi ex, que me han hecho estar sufriendo medidas penales cautelares casi de forma ininterrumpida, había denunciado jueces (-as, para que se entienda) ante el CGPJ, y estaba tratando de iniciar querellas contra varias, implicadas todas en encubrimiento y colaboración con los delitos de mi ex mujer, y definitivamente, con el impedimento total de contacto con mis hijos, de forma totalmente ilegal, directamente contra el ordenamiento jurídico español.

Fui condenado por esto en cuatro ocasiones consecutivas por la misma juez, Eva Alarcón Alonso (JP. 1 de Mérida), feminista de pro, procedente de Sevilla -curiosamente el personal judicial más patógeno en el Palacio de Justicia de mi ciudad, en Mérida, procedía casi siempre de Andalucía-  que había sido denunciada por mi ante el CGPJ y contra la que estuve a punto de conseguir una sanción grave de inhabilitación mínima de dos a cuatro años, según LOPJ, pero fue encubierta por el secretario judicial, impidiéndome este el acceso a los documentos que debía presentar como prueba, contenidos en el expediente judicial del caso; en esta ocasión se trataba de una dilación judicial grave: la negativa a emitir un auto de insolvencia después de la primera condena, solicitado por mi abogado, durante más de un año, para poder seguir juzgándome y condenándome en sucesivas ocasiones, ya que con dicho auto sí que sería de todo punto imposible seguir haciéndolo. La obstaculización del secretario judicial hizo que caducara mi plazo de actuación en el proceso abierto ante el CGPJ.

Se me condenó en todas estas ocasiones a realizar trabajos en beneficio a la comunidad, por mi total insolvencia (las paradojas son evidentes todo el tiempo). Por falta de trabajo no pago -con depresión diagnosticada en la Seguridad social-, con trabajos en beneficio a la comunidad, dificilmente se puede afrontar exitosamente una remontada complicada de una situación laboral arruinada. Continuan los juicios, continuan las condenas… En la cuarta fui condenado a 8 meses de prisión “por reincidencia” (de los que se cumplen aún sin antecedentes, y cuya condena haría que se convirtiera en mucho tiempo, al sumar las anteriores, aunque estas fueran por cantidades económicas, e inferiores a los 50 mil euros; cantidad mínima necesaria según nuestro organismo jurídico, para que una persona pueda ser juzgada, condenada o entrar en prisión, por deudas económicas)

Sorpresa: estaba siendo citado por un tribunal médico para estudiar si se determinaba mi incapacidad laboral permanente, por lesiones en la columna vertebral. No las únicas derivadas de mi trabajo pero sí las más graves.

Se me convoca a una cita para establecer el plan de cumplimiento de la primera sentencia de trabajos comunitarios, y comunico con el director de dicho Servicio en Badajoz para informarle que estoy siendo objeto de estudio médico por parte de varios especialistas de la sanidad pública para determinar mi estado de salud, pidiendo un aplazamiento de dicha cita hasta saber el resultado de dichos estudios, que se estaban demorando mucho y podrían incidir decisivamente en el cumplimiento o no de dicha pena, y también en su forma.  Dicho funcionario entonces “comunica al juzgado mi incomparecencia al requerimiento”, sin mencionar en ningún caso mi comunicación, ni tampoco proceder a mantener ningún tipo de comunicación conmigo. Para el caso de que mi petición hubiera sido inválida procesal o legalmente, por ejemplo.

De esta forma, la citada juez emite una orden de ingreso en prisión contra mi, con un plazo de cinco días. Sólo entonces consigo documentación e informes de mi médica de cabecera, certificando lo ya mencionado sobre mi estado de salud y los procesos de estudio médico abiertos y no concluidos para que la abogada de oficio que me adjudicaron para recurrir dicha resolución pudiera presentar las alegaciones correspondientes. Se da la posibilidad de dos tipos de recurso: re revisión y de reposición. El que puede evitar o suspender mi ingreso en prisión tiene un plazo de tres días y el que puede hacer que se revoque dicha orden pero no suspende el ingreso en prisión tiene un plazo de cinco días. La abogada presentó el recurso al cuarto o quinto día, no recuerdo exactamente, pero sí que el tipo de recurso que podría impedir el ingreso en prisión ya estaba vencido. Esto no fue casual, sino algo totalmente adrede, y por supuesto tengo las pruebas para demostrarlo, he estado recabando pruebas, documentos y grabaciones durante estos doce años, tengo más de cien gigas sólo en grabaciones, pero ya de por sí este relato se hace muy largo como para intentar entrar en todos los detalles.

Para esas fechas, exceptuando que vivía en casa de mi madre, yo ya vivía hacía bastante tiempo en una situación de hecho de “indigencia humana”. Deprimido, mi carrera hundida, arruinado, sin salir de la cama en semanas enteras en ocasiones, y con mis lesiones empeorando por la somatización de todo esto. Cada vez que escribía una carta de queja al CGPJ o solicitaba abogado para una querella contra funcionario judicial, acceso a documentos para poder demostrar los delitos denunciados, yo recibía una media de ocho notificaciones judiciales semanales, muchas veces repetidas en la misma entrega (hasta por triplicado me llegaron a entregar una), para que en el expediente pudiera contar que habían entregado en mano las dos notificaciones prescriptivas según ley, y al más mínimo error de incumplimiento por mi parte, poder emitir una orden de detención contra mi, una acusación de rebeldía, y similares.

Como anécdotas puedo señalar: en una ocasión una pareja de policías nacionales se negó a practicar contra mi una de esas detenciones por considerar que era ilegal. El oficial feminazi de turno les había solicitado mi orden de detención por no haber recogido una notificación, cuando acababa de salir del edificio del juzgado y no me la dio en persona porque no quiso. Una vez me la dio, bajaba a la primera planta de los juzgados para salir del edificio cuando la misma pareja de policías llegó a mi encuentro y me dijeron “Juan Pedro, qué ha pasado?. Pues nada, he recogido la notificación y ya me marcho, eso es todo”. Me dicen entonces que acaban de recibir otra llamada con orden de detención contra mi por parte del mismo oficial, porque tenía no una, sino dos notificaciones para entregarme, pero me había dado sólo una, y pretendía insistir en la misma maniobra para conseguir la detención, no entregándome la segunda notificación. Los policías volvieron a hacer lo mismo, enviarme a la oficina judicial a recoger la notificación y no proceder a mi detención por considerarla ilegal, pero esta vez acompañándome hasta la oficina para asegurarse de que todo se haría legalmente hasta que yo pudiera abandonar el edificio de los juzgados. La verdad es que el comportamiento ejemplar de estos agentes se debió a que su superior en servicio había sido vecino de mi padre, que falleció en fechas recientes por el cáncer, y supongo que quiso solidarizarse con el dolor de mi familia no consintiendo el abuso del personal judicial sobre mi aquel día.

En un juicio de una de las denuncias falsas de mi ex mujer, el fiscal interviniente presentó pruebas ilegítimas contra mi para conseguir la condena. Nada dijo mi abogada de oficio, tuve que argumentar contra aquellas pruebas y pedir personalmente a la juez que fueran inadmitidas en el proceso, cosa que hizo inmediatamente y recriminando duramente al fiscal, pero sin llegar a abrir proceso penal contra él, lo que hubiera sido lo correcto según ley. Dicho fiscal luego fue profesor mío en la asignatura de Derecho Procesal en la UNED, ya que me encuentro realizando dichos estudios, aunque sólo fui a alguna clase para ponerle la cara colorada, pero no me interesaban la tutorías de un títere de la ideología de género que sólo repetía panfletos como un loro.

En otra ocasión, otro agente de policía de catadura moral muy distinta, intentó agredirme en la oficina de denuncias, porque estaban cansados de que cada vez que mi ex mujer incumpliera el régimen de visitas fuera a presentar denuncia (mientras esto seguía siendo penalizable; gracias a las reformas de Rajoy las alienadoras ya pueden hacer esto sin consecuencias), ya superaba el número de cincuenta en diez años. No se conformó con eso y presentó denuncia falsa contra mi, pero el muy estúpido no se dio cuenta de que cuando vi su comportamiento yo había comenzado a grabar y en el juicio se vino todo contra él, aunque igualmente recibió toda la protección posible para quedar impune. Y así podría estar horas y horas contando sucesos de esta película de miedo que llevo viviendo durante más de doce años.

Ante la inminente fecha de mi ingreso en prisión, no paraban de llegarme noticias alarmantes: Mariano Orta Toscano, abogado ovetense que sostuvo una pelea feroz contra la corrupción judicial durante más de dos décadas, igualmente impedido de relación y contacto con su hija, y creo que habiendo conseguido la destitución de varios fiscales y algún juez, había sido ingresado en prisión, allí, incomunicado irregularmente durante año y medio, creo, llegando a sufrir dos infartos de miocardio por la situación y presión vividas dentro de las prisiones por las que le fueron moviendo.A otro compañero también encarcelado a raíz de un proceso irregular y que también se encuentra estudiando Derecho, Tomás Gallego,  le quitaban los libros de la carrera según me contaba su pareja por redes sociales, para que no pudiera finalizar sus estudios. Él también pretende llevar como letrado su caso ante tribunales europeos y reclamar daños al Ministerio de Justicia. El mismo Jesús Muñoz me relató en esos días cómo a otro hombre español detenido para ser ingresado en prisión, con lucha similar ante este aluvión de corrupción judicial que sufrimos en España, le habían tenido cinco días seguidos metido en una furgoneta de la guardia civil, pululando por España sin dejarle dormir, asearse ni saber dónde estaba, sólo proporcionándole comida y agua.

Hay muchas pruebas tanto fuera como dentro de las cárceles españolas, como para concluir sin ningún género de dudas que España ha generado una dictadura criminal en torno a las leyes de género, y que da un trato represivo a quienes se oponen a ellas, llegando incluso al nivel de “práctica de la tortura”, mediante acoso, persecución, etc. Estuve dos años realizando estudios de psicología en UNED a través de los cuáles puedo tener una noción bastante clara de lo que supone aplicar en un caso dado la calificación de tortura, y ello lo refrendan las definiciones y casos que plantean los Tratados internacionales desarrollados, tanto desde el de la Convención de Ginebra de 1950, como todos los que se han generado a partir de este.

Cuando me encontré en esta tesitura, pensé que ya estaba firmada mi sentencia de muerte, que realmente ya se venía dando de forma paulatina desde hacía años, y en especial desde que se me impedía la relación con mis hijos. Así que tomé la decisión de no obedecer esta orden de ingreso en prisión y abandonar España para tener una posibilidad de sobrevivir. Por el consejo bienintencionado pero muy erróneo de un compañero de fatigas, guardia civil de profesión, viajé hasta México, buscando un lugar donde una orden introducida en la base de datos de la Interpol no pudiera producir mi captura en un país de la UE, siendo este desplazamiento desproporcionado, ya que por delitos de tan poca envergadura no se toman semejantes medidas, y de hecho me consta que Alemania a día de hoy está desoyendo la petición de extradición de algunos hombres condenados por la LIVG que han buscado refugio allí. No se han procesado sus peticiones de asilo por imposición de un Tratado de la UE para impedir esto (cuya existencia y aplicación o endurecimiento es en muchísima parte responsabilidad de José María Aznar, quién incidió en especial en esta norma europea durante su mandato, persiguiendo el fin de que terroristas etarras no encontraran refugio en otros países de la Unión).

Actualmente y desde hace casi una semana, me encuentro en la ciudad de Bruselas, con el fin de dirigir al gobierno belga mi petición de protección o asilo.

Estando en México, ya me dirigí a un organismo mexicano que trabaja estrechamente con el ACNUR, ya que allí llegan muchas personas huyendo de países del Sur y Centroamérica y este organismo de Naciones Unidas carece en el país de medios e infraestructura para gestionar toda esta llegada de personas que piden ayuda. Tras entrevista con asesora y abogada especializadas en Derecho internacional, ambas concluyeron que yo reunía el perfil para solicitar protección al gobierno de México, e incluso ingresar en la lista de refugiados del ACNUR, por ser perseguido en mi país “por cuestión de género”.

También mantuve contacto con la Embajada canadiense en México, aunque este tipo de procesos, salvo casos “célebres” sólo son atendidos en territorio del país a quién se dirige la petición. Pero a priori la información que me facilitaron acerca de mi posible petición de refugio en Canadá no era de carácter denegatorio. De hecho me pidieron ampliar información sobre si sería acompañado por miembros de mi familia, menores, etc.

Finalmente he elegido Bélgica, un país de la UE y seguramente una de las opciones más difíciles, porque España forma parte de ella y está sujeta a su jurisdicción, y para mi esto no es sólo una causa personal y particular, es algo muy generalizado en España, donde se está gobernando contra todo Derecho nacional o internacional conocido, y esta locura de tintes psicopáticos debe parar en algún momento. Aunque también es cierto que si las autoridades españolas están actuando así es porque los políticos cuentan con los datos reales y saben que en general no tienen mucho de qué preocuparse: la gente traga, aguanta, es ignorante y no sabe a veces ni qué les están haciendo aunque sepan que lo que les están haciendo “no puede ser legal ni justo”.

Estoy en estos días ultimando la lectura de información que me pueda resultar útil, pero me enfrento completamente solo a este proceso. Antes de salir de México contacté con organizaciones sobre Derechos Humanos y de Refugiados de más de doce países de la UE, sólo dos me contestaron; están muy ocupados con los Derechos de Sirios, Afganos, Irakíes y africanos como para poder atender a los de los europeos . De Finlandia me contestaron que su país acogía peticiones como la que yo quiero hacer, pero que no las conceden desde hace tres años (hazte una idea de la situación, querían venir a decir). También me contestó una joven abogada italiana de una ONG de Austria, país que también acoge estas solicitudes pero que, al igual que la mayoría de los países de la Unión europea, por el desbordamiento de refugiados de otros países, estaban siendo extremadamente restrictivos con la concesión de solicitudes de refugio, y me avisaba acerca de que me someterían a “estándares” altísimos de demostración de los delitos cometidos cometidos contra mi, en interminables actos de entrevistas y terceros grados. Además, parte de la legislación europea sobre peticiones de ciudadanos UE consiste en que si un país decide tramitar la petición, esta debe ser comunicada al Consejo de Europa para que puedan revisar el proceso en todo momento.

Aquí me entrevisté al tercer día de mi llegada con la trabajadora social de una de las ONG pro derechos humanos de los refugiados más importantes que hay en Bélgica. Me atendió sin mucho interés porque no soy negro, árabe o similar… y me dio una lista de “abogados de pago” para que fuera a buscar defensa jurídica. Todo mi periplo de huida ha sido posible gracias al esfuerzo económico de una persona de mi familia que ya está asfixiada por el esfuerzo.

Aunque omitiendo todos los datos personales, o cualesquiera otros que pudieran servir para algún tipo de identificación, yo quisiera ya que mi historia fuese conocida por otros, creo que con la situación que hay en España, el número de desgracias y suicidios que están sucediendo, es hora de hacer llegar el mensaje a los hombres: SI TE PERSIGUEN EN ESPAÑA POR SER HOMBRE, SAL DE ESPAÑA Y PIDE AYUDA AL GOBIERNO DE OTRO PAÍS. No harían falta muchos casos para que el punto de mira de la UE y otros organismos se posara sobre nuestro país. Es algo muy grave que de un país perteneciente al grupo de los considerados de los más seguros del Mundo, empiecen a salir ciudadanos alegando persecución contra legem y solicitando protección. Mejor eso que quitarse la vida o ir injustamente a prisión, no?

Por ejemplo:

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adoptada y abieta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. De entrada en vigor el 26 de Junio de 1987. España firma la Convención el 4 de febrero de 1985 y la ratifica el 21 de octubre de 1987.

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), mediante resolución 2200 A (XXl), de 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor en 1976, que fue adoptado en New York, al mismo tiempo que el Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  (Este también firmado y ratificado por España, y que prohíbe el encarcelamiento de personas por impago de pensiones alimenticias). Este pacto por los Derechos Civiles y Políticos incluye en sus artículos 6 al 27 la protección por motivos de sexo, religiosos, raciales u otras formas de discriminación.

Cuando menos, y si a nivel periodístico la historia no fuera de interés para hacerla pública, me gustaría saber tu opinión sobre la misma. No todo el mundo conoce tantos detalles, y eso que aquí falta mucho de los más de doce años de lucha que llevo…


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