Puigdemont rendirá cuentas en España



Carles Puigdemont, en Bruselas. /Foto: elconfidencial.com.

Ignacio Fernández Candela.

A propósito del acertado título del artículo publicado por Luis Bru ayer en Rambla LibreLlarena, una de cal y otra de arena-, existe en los españoles una equidistancia entre la fe en la justicia y los realistas acontecimientos que arriesgan, en la jugada in extremis del 21 de diciembre, la continuidad del síndrome catalanista extensible a otras regiones. Hay que hilar muy fino para que las decisiones jurídicas sean inapelablemente imparciales y aceptadas sin mayor quebranto social. Porque el Gobierno ha cumplido con un deber delicado pero que se juzga insuficiente y arriesgado, cuando había mucho que vencer con la firmeza y la coherencia de los postulados democráticos que habían dejado en evidencia el totalitarismo de la Generalidad. Lo que no se ha ganado en la legitimidad constitucional de la intervención del Estado, habrá de culminarse mediante el imperio de la ley, democrático, sin más.
Marta Rovira. /Foto: elnacional.cat.
 
 El 21 de diciembre es una apuesta necesaria en una comunidad autónoma con independentistas que no se dan por aludidos y prescinden del escarmiento jurídico, en pos de más artificios que competen a una república no solo desmantelada sino también sin proclamar. Todavía hay algunos orquestadores del desorden social pugnando por quebrantar la ley y sin responder ante los tribunales. El caso de Marta Rovira es un fleco suelto capaz de manipular y dañar en esta huida hacia delante que lidera un ridículo Carlos Puigdemont. Díscolos especializados en el amaño y la desinformación, poseen los mismos méritos para permanecer en prisión incondicional como los jordis y algún exconseller.  Todo un laberinto de pasiones independentistas que la ley ha de simplificar tomando la dirección de salida hacia la penalización de los múltiples delitos cometidos, al margen de patetismos secesionistas o la victimización de un leonino procés con piel de cordero.
Pablo Llarena. /Foto: diariodeburgos.es.
 
El juez Pablo Llarena ha asumido un cometido en el que es obligado atar los cabos del proceso sin dejar que escapen los detalles y también una necesaria previsión de acontecimientos, al margen de los intereses y presiones políticos que prevalecen para las próximas elecciones autonómicas. El artículo 155 no bastará si no existe la lógica imposición de una Justicia obligada a responder contra los desatinos en Cataluña, cuyo mayor carácter delictivo estriba en una malversación masiva de caudales públicos, aparte la sedición o rebelión que pueda resultar  de la investigación judicial.
 
Adelantándose a la confusión que puede generarse con los tribunales belgas, Pablo Llarena ha suspendido la orden de detención internacional que pesaba sobre el expresidente de la Generalidad. Una decisión que pretende que el presunto golpista no pueda escaparse como arena entre los dedos de la Justicia española.  La estrategia del camuflaje en Europa está fracasando y llegará el momento de una detención ineludible, cuando se mantiene la orden de busca y captura en territorio español. 
 

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