Miguel Sempere.
Lejos del eslogan mendaz de «España nos roba», quienes roban son los separatistas. Son ellos los que mandan en España, pues así se lo concede la más nefasta ley electoral posible. Ni País Vasco ni Navarra contribuyen a sostener servicios comunes, como la Defensa o la Diplomacia, pues tienen ese privilegio, que representa 10.000 millones anuales que han de pagar el resto de contribuyentes. La pretensión del separatismo catalán es dotarse, tras el 21-D, de ese mismo privilegio, lo que haría recaer sobre el resto de contribuyentes españoles el peso de 40.000 millones anuales.
La Ley electoral les concede el poder de España -para aprobar los Presupuestos, por ejemplo, el PP necesita los votos del PNV- pues la mezcla del reparto de escaños de la llamada Ley d´Hondt y la circunscripción provincial impide o dificulta la consolidación de un tercer partido bisagra, pues prima al más votado, respeta al segundo y castiga del tercero en adelante. Eso hace que los separatistas se sustraigan al castigo concentrando el voto en unas pocas circunscripciones, sin que exista ningún listón para la entrada en el Congreso (existe un listón del 3% en la circunscripción provincial y sólo ha tenido que ser aplicado en una ocasión).
De esa forma, los separatistas llevan depredando al conjunto de España. La Generalitat catalana, cuyo bono tiene el calificativo de basura, y que no cuenta con dinero para el pago de su inflada nómina de funcionarios enchufados (sólo tv3 tiene 2,500 empleados), ha tenido que ser sistemáticamente salvada de la quiebra remitiendo 72.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica.
Para satisfacer a los separatistas, el Estado español se estructuró como autonómico, un desastre sin paliativos, que ha cortado las alas de la nación, con un lastre cada vez más gravoso, que precisa de farsas como la montada en torno a la asonada catalana. Si España tuviera un Estado como el francés, que no ha entrado en el dispendio de montar diecisiete miniestados, el ahorro anual sería de 110.000 millones. España sería una nación pujante. Las autonomías han incrementado en 920.000 funcionarios las plantillas, respecto a las competencias transferidas. Tenemos 445.568 políticos, el doble que Alemania, que tiene el doble de población y, es por cierto, un Estado federal.
No se han duplicado las instituciones, sino que han multiplicado por 17. Recentralizar la Sanidad representaría un ahorro anual de 36.000 millones, mientras que con la estructura actual los españoles al pasar de una autonomía a otra tienen muy graves dificultades para ser atendidos y no pueden obtener los medicamentos que precisen, aunque el gasto farmacéutico se ha multiplicado por dos.
Tenemos 50 universidades públicas, muy caras, y ninguna entra en ningún ránking de prestigio. Contamos con 8.116 municipios, con 68.000 concejales; 5.900 de esos ayuntamientos podrían ser suprimidos. Los parlamentos autonómicos han generado más de 100.000 leyes autonómicas, lo que ha roto la unidad de mercado, con un coste anual de 50.000 millones.
Los separatistas presionan para mantener e incrementar lo que se ha denominado descentralización, y que no ha hecho más que crear diecisiete nuevos centralismos. Las autonomías más reivindicativas y sediciosas obtienen más ventajas.
Los separatistas nos roban.