Editorial.
No hay posibilidad alguna de sedición legal. No puede haber, y no habrá, referéndum pactado. Los separatistas sediciosos y sus acólitos y cipayos de Podemos han de perder toda esperanza. No es cuestión sólo de legalidad, sino de legitimidad. España es una única nación. Tal cosa como la plurinacionalidad es un imposible metafísico; intelectualmente, una auténtica chorrada.
No puede iniciarse ninguna reforma constitucional para establecer la coexistencia de ninguna otra nación dentro de España. Tal despropósito situaría a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy en el terreno de la alta traición y de la colaboración con la sedición y la rebelión.
Hay que dejarse de funambulismos semánticas. No puede seguirse dando pábulo a estrictas frivolidades que incrementan el daño y el sufrimiento. Puede no haber Constitución y seguiría habiendo nación. Es ésta, preexistente, la que permite la existencia y da legitimidad a la Constitución, no al revés; la Constitución de 1978 no creó la nación.
Puede y debe haber una reforma de la Constitución para que el Estado central recupere, vista la deslealtad, las competencias plenas de educación y orden público. O para que limite las competencias y el afán burocrático expansivo de las autonomías; limitando las funciones de los parlamentos regionales para evitar el surgimiento de formas modernas de aduanas mediante una caótica hiperactividad legislativa.
Pero Cataluña no es una nación y nunca lo será. Ni tan siquiera es una comunidad moral, partida en dos y en proceso de autodestrucción. Y el Parlamento español carece de legitimidad para debatir o plantear la destrucción de la nación.