Luis Bru.
Carles Puigdemont, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y el resto del gobierno autonómico están citados a declarar en la Audiencia Nacional los días 2 y 3 de noviembre a las 9 horas de la mañana. La jueza Carmen Lamela ha aceptado la solicitud del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. En caso de no comparecer, se dictaría orden europea de detención.
Lamela asume la investigación al entender que son hechos conexos a los que ya investiga por sedición contra los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y la intendente, Teresa Laplana. Los dos primeros se encuentran en prisión incondicional después de que la magistrada considerase que había riesgo de fuga, por la gravedad del delito y la pena de prisión que lleva aparejada; riesgo de reiteración delictiva, al continuar movilizando a la gente para lograr la independencia fuera de las vías legales; y de destrucción de pruebas, ante la prueba de que intentaron impedir a la Guardia Civil realizar una serie de registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 134 de Barcelona.
En la querella, firmada por el propio fiscal general del Estado, sostiene que durante cerca de los dos meses que se intensificó el plan independentista, que culminó el viernes 27 con la declaración unilateral de independencia, hubo alzamiento, hubo violencia, hubo intimidación, hubo ‘escraches’ a policías y guardias civiles y hubo insurrección. El máximo responsable es quien en todo el proceso ha sido presidente de la Generalitat así como el resto del Govern. Pero ellos han necesitado ayuda para llevar a cabo sus planes secesionistas.
Según el fiscal general, José Manuel Maza, la Mesa del Parlament ha actuado como brazo legislativo, llevando a votación leyes anuladas y “claramente” inconstitucionales. Las asociaciones con ANC y Òmnium Cultural ha sido el brazo civil, con gran capacidad de movilización de ciudadana, indispensable para llevar a cabo sus planes. Y los Mossos, el brazo armado, que ha permitido que esas movilizaciones se llevaran a cabo, provocando intimidación.