Enrique de Diego.
Pleno apoyo al Gobierno que, por fin, está actuando con firmeza, como hemos reclamado desde Rambla Libre. El apoyo de PSOE y Ciudadanos era innecesario pero sí es conveniente. Se trata de un bloque patriótico, que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuya crisis de identidad es galopante, ha calificado de «bloque monárquico».
Dos peros. Se debía haber actuado antes. Y seis meses son un lapsus de tiempo para volver a la normalidad democrática en una sociedad que ha sido sometida más de cuarenta años a un proceso de ingeniería social desde el poder, y que afecta a toda una estructura, que incluye en su núcleo duro al sistema educativo, a los medios de comunicación públicos, con TV3 como mascarón de proa de un sistema de propaganda que sólo es comparable al del nazismo o al soviético, a los privados subvencionados, y a toda una falsa sociedad civil montada y financiada desde los Presupuestos.
Un patente delincuente con reiteración contumaz en el delito
Pero, sobre todo, el artículo 155 no puede paralizar la lógica penal de una proceso sedicioso. Es notorio que Carles Puigdemont es un patente delincuente, que no puede estar en la calle pues su reiteración en el delito es contumaz y su gravedad, progresiva. Puigdemont está calentando una calle que se mueve por espasmos sentimentales y va a calentar aún más a las instituciones con una previsible declaración de independencia. Puigdemont debe estar en prisión. Debería llevar mucho tiempo en la cárcel. Lo que hay que hacer es mejor hacerlo cuanto antes, sin vacilaciones.
El irresponsable Puigdemont no puede llevar a Cataluña y a España a la ruina, mediante la generación de una inestabilidad enervante en una agonía constante. No se puede seguir mirando para otra parte. La actuación de Puigdemont es delictiva y se llama rebelión y sedición y ambos delitos están tipificados en el Código Penal y conllevan penas por encima de los 15 años. Puigdemont no está por encima de la Ley y todo su peso debe caer cuanto antes.
De ahora en adelante, los funcionarios politizados y sediciosos que no se sumen a la normalidad democrática deben perder su posición y su sueldo; es preciso cortar las subvenciones a las asociaciones sediciosas; los periodistas de TV3 que hayan hecho la propaganda de la sedición deben ser expulsados de sus puestos de trabajo.
Pero, antes que nada: Puigdemont a prisión. Cuanto antes. Ya se está tardando.