Redacción.
Reproducimos los párrafos más relevantes del editorial publicado por La Vanguardia, bajo el título «La hora de la verdad», en el que se afirma que «la opción independentista no es hegemónica en Cataluña» y el que describe a Carles Puigdemont y a su gobierno como unos aventureros que están dando una imagen «suicida» de Cataluña:
«Hemos dicho y repetido que las soluciones unilaterales no conducen a buen puerto. Menos aún en una sociedad dividida y polarizada, a la que insensatamente se ha privado del 50% de su fuerza. Y que ahora se enfrenta a un horizonte del que, oídos los llamamientos a la movilización y la resistencia, no cabe excluir la violencia ni el conflicto. Tiempo atrás se podía sostener que esto eran sólo negros augurios. Ahora costaría hallar a alguien, en uno u otro bando, que los descartara.
La opción independentista no es hegemónica en Catalunya. Lo sabíamos de antiguo, y también desde el 27-S, que produjo una mayoría soberanista en el Parlament, pero no de votos. Y lo ratificó en la calle el domingo la manifestación convocada por Societat Civil Catalana, que desbordó todas las previsiones. La independencia, que como decíamos ya ha partido en dos a la sociedad catalana, tendrá además efectos perniciosos sobre la economía. Lo comprobamos la semana pasada con los traslados de sedes de Banc Sabadell, CaixaBank, Gas Natural o Agbar. Los reconfirmamos ayer cuando Abertis, Adeslas, Colonial, Cellenx o MRV, entre otras, anunciaron que se iban. El goteo de grandes, medianas o pequeñas empresas que parten es constante. Pero las autoridades económicas catalanas están desaparecidas o minimizan la estampida. Es difícil de entender que personas siempre locuaces callen ahora.
Las economías que prescinden de sus puntales sin pestañear pueden recuperarlos algún día. Pero también pueden ir languideciendo y perder cualquier posibilidad de verlos retornar. Pasó antes en otros lugares. Y, aún suponiendo que regresaran, la imagen que está dando actualmente Catalunya al mundo es la de un suicida. ¿Qué firma extranjera, qué inversor, qué creador de trabajo o riqueza querrá compartir la suerte de Catalunya cuando sus instituciones de gobierno no dan a sus actores económicos las seguridades jurídicas imprescindibles? ¿Quién en su sano juicio puede defender que lo que se le está haciendo a la economía catalana, y al conjunto de los catalanes, es algo positivo o inevitable?
El Gobierno central ha afirmado una y otra vez que no tolerará que una declaración de independencia se materialice. Eso significa que aplicará el 155. El viaje a la independencia quedará entonces abruptamente interrumpido, sus impulsores serán quizás detenidos y apartados de la escena política, todos los catalanes perderemos posiciones y recursos. Quienes pilotan la locomotora independentista son conscientes de ello. Pero siguen adelante. Y dispuestos a pasar el testigo a sus fieles para que estos diriman en la calle las diferencias que ellos no supieron resolver en los despachos. A sabiendas de que eso nos enfrentará y empobrecerá.
Aventurarse hacia la independencia con una mayoría insuficiente, como hizo el Govern, fue un error. Aventurarse, como hizo después, saltándose las leyes, ha sido un error mayor. De poco vale denunciar las omisiones o los excesos del contrario para justificar errores propios de tal calibre. No se puede recurrir al patriotismo para justificar una decisión que dañará a la patria; que causará estropicios –ya los ha causado– en el conjunto de la sociedad, en las infinitas ramificaciones de la actividad económica y en la imagen exterior del país. Por injusto que les parezca a quienes se dejan llevar por determinado entusiasmo, desde instancias europeas es fácil comprender que el Gobierno central aspire a mantener la unidad del país, amparándose en la ley, pero no la pretensión del Govern de proclamar la independencia vulnerando las propias normas y mediante un referéndum sin garantías. La independencia es un proyecto político tan legítimo como cualquier otro, pero pierde su legitimidad cuando se trata de imponer por encima del consenso y de las leyes».
Boicot a productos separatistas: Cola Cao, Gallina Blanca, Casa Tarradellas, Cervezas Damm