Enrique de Diego.
Con total claridad, firmeza y oportunidad el Rey -cuya Corona está en juego en este envite- ha calificado de «deslealtad inadmisible» la acción de Carles Puigdemont para declarar la independencia de Cataluña. Es el término, el concepto que se utiliza expresamente en el artículo 155 de la Constitución para establecer la obligatoriedad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
No es algo que quede al libre arbitrio de la presidencia del Gobierno, ni de la oposición, ni de las fuerzas políticas sino una obligación legal, constitucional. Quienes debiendo aplicar el artículo 155, como el presidente del Gobierno, muy notoriamente, no lo hagan entrarían de lleno en el terreno del delito y específicamente del relativo a la prevaricación.
El Rey ha intervenido cumpliendo con su deber constitucional de arbitraje y en ese sentido ha dictado una sentencia inapelable: lo que está haciendo Carles Puigdemont es «inaceptable» y de «extrema gravedad». También ha cumplido con su misión constitucional que es simbolizar la unidad y permanencia del Estado, y es significativo que casi con esas mismas palabras haya terminado su mensaje, reafirmando su compromiso «con la unidad y permanencia de España».
Era necesaria, imprescindible, esta intervención real, que insistentemente hemos pedido desde Rambla Libre. El mensaje ha sido clarificador y firme. Suave en la forma, pero fuerte en el fondo. Con adjetivos calificativos rotundos y acertados. Transmitiendo calma pero también fortaleza. Un claro elogio a la oportunidad, y también a la forma y al fondo.
El presidente del Gobierno, y la clase política, deben dejar de andarse por las ramas, con rodeos, exhibiendo sus debilidades, inconsistencias y carencias y asumir su responsabilidad en estos momentos difíciles. Y eso pasa por cerrar filas y aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat desalojando a Carles Puigdemont de su presidencia.