Miguel Sempere.
Rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que no ha faltado la retórica habitual: «El Gobierno, en ejercicio constitucional de sus funciones, va a hacer cumplir las leyes. Nadie está por encima de las leyes y quien las vulnere deberá enfrentarse a las consecuencias. El gobierno cumple y cumplirá el deber constitucional de hacer cumplir las leyes manteniendo la concordia cívica», ha afirmado el portavoz Iñigo Méndez Vigo. Mientras tanto, las organizaciones independentistas están llamando a concentrarse esta tarde ante los colegios electorales.
Si fuera por retórica, el problema estaría solucionado: «Todo lo que estamos viendo estos días va en contra de las leyes y de la razón y ha sido unánimemente rechazado. Como hemos recalcado, esta pretensión de referéndum va en contra del pueblo catalán. Los responsables del 1-O son el gobierno y sus socios de la CUP y deberán responder».
Faltan acción y medidas, pero por palabras no será. Méndez de Vigo también ha indicado que además de ser ilegal es un referéndum que no tiene censo, ni papeletas, ni urnas, ni centros oficiales de votación, hasta el punto de que algunos lugares de votación están en la plaza del pueblo, «ejemplo del caos organizativo y la improvisación» del 1-O.
Ante las declaraciones de Carles Puigdemont de que iba a ser una votación «como siempre», Méndez de Vigo ha señalado que lo que se está viendo es que «quieren que haya una votación como sea». El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, también ha criticado hoy el «caos organizativo» y la «improvisación» del referéndum del próximo domingo.
El portavoz del Ejecutivo anuncia que el Gobierno presentará tres recursos de inconstitucionalidad a tres leyes catalanas: la ley de la agencia de protección social de Catalunya, la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda a personas en riesgo de exclusión social y a la ley de voluntades digitales.