Hay que intervenir a los mossos, ya



Josep Lluis Trapero y Joaquim Forn, dos sediciosos. /Foto: elpais.com.

Enrique de Diego.

El Gobierno de Mariano Rajoy partió de un completo error de diagnóstico al establecer que los mossos, en tanto que Policía Judicial, bajo las órdenes de jueces y fiscales, iban a encargarse de mantener la legalidad en Cataluña. Esa completa miopía se está tratando de corregir enviando, a la carrera, de manera lamentablemente improvisada, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, desde toda España -despedidos como héroes en Huelva- para encargarse de mantener el orden e impedir la rebelión que se trata de legitimar el 1-O. La llegada de esas fuerzas es la evidencia palmaria de que nunca debieron salir de Cataluña y que nunca se debió ceder por el Estado la competencia de Orden Público.

Hay que pensar en el 2-O. No con la entonación cínica de los dialogantes que pretenden plantear un pacto corrupto, en la lógica de la transición, y al que ya se ha apuntado oportunamente la patronal catalana Fomento proponiendo la fiscalidad vasca, el concierto. Hay que pensar en el 2-O porque Cataluña no puede quedar en manos de los mossos, una fuerza armada sobredimensionada de 17.000 miembros, que están en clara huelga de brazos caídos, y en la que ningún juez confía como Policía Judicial y que ha sido incapaces de establecer un perímetro de seguridad para los guardias civiles que registraron la Conselleria de Economía.

No es de recibo que a la comisión de coordinación, el jefe de los mossos, Josep Lluís Trapero haya enviado al número tres, Ferrán López Navarro, responsable de coordinación territorial del cuerpo. A estas horas, Trapero debería estar ya destituido, pues su dependencia última es del Ministerio del Interior. Es un absurdo que el fiscal jefe, José María Romero de Tejada ordene a los mossos personarse en los puntos de votación -colegios o centros administrativos- para identificar a los responsables, tomarles declaración como testigos, incautarse de la documentación o material de que dispongan y les adviertan de su obligación de no ceder los centros. Al final, tendrán que ser los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional los que se multipliquen.

Pero esos efectivos no van a poder estar ahí toda la vida. Están respondiendo a una situación de emergencia y de excepcionalidad, que, por supuesto, justificaría la declaración del estado de excepción. No se puede dejar a Cataluña en manos de los mossos, como fuerza separatista y tibiamente sediciosa. La fortaleza evita los conflictos, la debilidad y el apaciguamientos los provocan. Y aquí está sobrando debilidad. Ante la desidia de los mossos, el Gobierno debe recuperar la competencia de Orden Público en Cataluña y el mando sobre los mossos d´esquadra. Ese cabo graciosillo que se ha fotografiado con la estelada ante un coche de la Guardia Civil destrozado debe ser expulsado del Cuerpo. Los que no estén dispuestos a cumplir la Ley deben ser suspendidos de empleo y sueldo. Habrá que hacerlo tarde o temprano, así que mejor cuanto antes, y más ahora que hay una fuerza disuasoria respecto a cualquier conato de rebelión armada.

Y, por supuesto, Mariano Rajoy debe dejar de tener miedo a la moción de censura. Ni los diputados catalanes ni los andaluces la admitirían al precio de plegarse a quienes quieren acabar con la nación española.


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