Miguel Sempere.
El Gobierno de Mariano Rajoy cometió un tremendo error cuando supuso que los mossos d’esquadra iban a cumplir sus misiones de Policía Judicial y mantener el orden público. Ninguna de las dos cosas. Los mossos literalmente se están inhibiendo y están actuando como convidados de piedra dejando hacer. Josep Lluis Trapero emitió una nota interna, cubriéndose las espaldas, con las instrucciones de la Fiscalía, pero es obvio que se trataba de mera retórica. También ha recomendado un uso prudente de la fuerza en la calle; un mensaje medido de desactivación.
Los hechos más graves sucedieron el día 20 ante la Conselleria de Economía cuando los mossos d’esquadra desasistieron por completo a los guardias civiles que llevaban a cabo el registro. Los mossos tampoco actuaron cuando la multitud tumultuaria destrozó los tres vehículos de la Benemérita. Los mossos no identificaron a nadie ni llevaron a cabo ninguna detención y sólo hicieron un cordón para facilitar la salida de los guardias civiles y la secretaria judicial cuando el juez llamó a Trapero en tono conminatorio.
Tampoco los mossos están dispuestos a mantener el orden público, siguiendo las órdenes de los mandos intermedios, que rozan la sedición. Las manifestaciones y concentraciones no cuentan con la preceptiva autorización y las que tienen lugar ante la sede del Tribunal Superior de Justicia tienen una clara intencionalidad de presión al Poder Judicial.
Era fácil prever esta situación inquietante pero el Gobierno no lo hizo. Tampoco parece estar en la intencionalidad de Moncloa asumir las competencias de Orden Público, sino que sólo se están estudiando medidas contra personas concretas. Pero es tan evidente que ni los mossos van a impedir el 1-O, ni van a actuar como Policía Judicial (ha tenido que actuar la Guardia Civil) ni van a mantener el orden público, que se están tomando ahora, deprisa y corriendo, medidas que debían haberse adoptado desde un principio.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicado este viernes a su homólogo catalán, el ‘conseller’ Joaquim Forn, que el Gobierno español ha decidido desplazar a Catalunya unidades de refuerzo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que tendrán como funciones la «vigilancia del espacio público«, el «mantenimiento del orden» y actuar «en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal» sobre la independencia. En la carta Zoido señala que debido a las «movilizaciones tumultuarias de apoyo al referéndum ilegal» unidades «actuarán en apoyo» de los Mossos para garantizar el orden en las calles. «Todo ello al objeto de dar cumplimiento a la instrucción 2/2017 de la Fiscalía Superior de Catalunya, remitida el pasado 8 de septiembre a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra ordenando activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referéndum ilegal».
Las nuevas fuerzas proceden de las UIP, antidisturbios. El número de agentes en Cataluña de Policía Nacional y Guardia Civil ha pasado de 3.000 a 4.000.