Enrique de Diego.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha suspendido -se iba a celebrar el día 17- el acto convocado por la entidad Madrileños por el derecho a decidir, solicitado por el número 41 de la lista Ahora Madrid, Pedro Casas, y que se iba a celebrar en dependencias municipales del Matadero municipal. El acto era un ataque a la unidad de España y la Constitución, presuntamente también un delito de sedición, tipificado en el Código Penal, auspiciado por Manuela Carmena, que había cedido locales municipales.
El 11 de septiembre de 2013, catorce patriotas, de diversos partidos, interrumpieron durante un minuto un acto muy similar, organizado por la sediciosa Generalitat, en el Centro Cultural Blanquerna. No hubo heridos, sólo se produjo la rotura del cristal de una puerta, y por ello uno de los implicados ha sido condenado a 5 años de prisión, otro a 4 años y 1 mes, más una multa que puede representar otros 9 meses más, y los otros doce a 4 años más una multa que puede significar otros 7 meses.
Una sentencia en el primer lugar del ránking de la infamia nacional
El tiempo está demostrando, que la sentencia, de la que fue ponente José Ramón Soriano Soriano, y que ocupa el primer lugar en el ránking de la infamia nacional, además de injusta e indigna, es completamente absurda. Esos 14 patriotas merecen el reconocimiento de la nación y no una condena.
Cuando se pretende celebrar un referéndum ilegal para romper España, cuando el Tribunal Constitucional ha tenido que suspender dos textos aprobados por la mayoría sediciosa del Parlament, la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad, en los que se asume la plena soberanía para el «pueblo catalán«, puede verse con claridad que la razón, también la razón legal, estaba y está del lado de los patriotas de Blanquerna, que actuaron a la vista de la inoperancia del Gobierno para frenar los planes separatistas.
¿Por qué por interrumpir un acto separatista hay que pagar con cinco años de cárcel cuando el Tribunal Constitucional ha de suspender el referéndum que los asistentes al Centro Cultural de Blanquerna reclamaban? ¿Es que los miembros del Alto Tribunal se mueven en los parámetros del delito de odio? ¿Cuándo el presidente del Gobierno dice ahora que actuará con «firmeza» se mueve igualmente por el delito de odio, y no lo hace más bien en la línea que actuaron los 14 patriotas? La sentencia no tiene ni pies ni cabeza, y además de injusta e indigna, es manifiestamente absurda y cada día lo es más.
El punto de inflexión más bajo de la dignidad nacional: Defender España no es delito de odio
Es preciso recordar que la Generalitat -manifiestamente sediciosa y ahora en proceso revolucionario- actuó como acusación popular y que se atendieron sus pedidos en una sentencia que jurídicamente no hay por donde cogerla y que, moralmente, marca el punto de inflexión más bajo de la dignidad nacional.
Aplicando la agravante de delito de odio ideológico, el Tribunal Supremo multiplicó por 8 la ya de por sí desproporcionada sentencia de la Audiencia. Se supone que la defensa de la unidad de España y de su integridad territorial son principios que obligan a todos los españoles, del rey abajo, todos, y así están establecidos en la Constitución. No puede considerarse, en ningún caso, delito de odio la defensa de España.
De hecho, los 14 de Blanquerna no mostraron odio ninguno, no agredieron a nadie -el entonces diputado Josep Sánchez Llibre empujó a uno de los manifestantes-, se dirigieron al estrado y no corearon nada que indicara odio sino simplemente: «No nos engañan, Cataluña es España«. Un mensaje nítidamente integrador, surgido del amor a España. Es lo mismo que ahora están diciendo el Gobierno, el Congreso, los partidos constitucionalistas y el conjunto de la nación.
Desde el primer momento, hubo un exceso de celo y un ensañamiento y numerosas irregularidades que hubieran echado abajo cualquier otro proceso. Las detenciones de produjeron con inusitada rapidez, con declaraciones histéricas del ministro del Interior, Jorge Fernández -quien puso escuchas a dirigentes separatistas, mucho más grave, sin que le haya sucedido nada penal-, con filtraciones interesadas desde la Policía.
El fiscal Lorenzo Bernal se trasladó al lugar para hacer una inspección ocular, poco menos que como si hubiera habido un atentado terrorista. Se envió a la Policía Científica para supuestamente recoger restos epiteliales, algo que está en el protocolo para homicidios. Sin prueba ninguna, ni testigos, se achaca a los patriotas el lanzamiento de un gas, cuando con toda seguridad fue lanzado por alguno de los presentes o de los miembros de seguridad. Se utilizó como prueba un vídeo de TV3 que se reconoció que había sido manipulado. El acto, por cierto, prosiguió sin ningún problema.
Una puerta que sale demasiado cara y vulneración de la presunción de inocencia
Por la rotura del cristal de una puerta, valorada en poco más de mil euros, se condena a los catorce patriotas a 1 año y 1 mes de prisión y 14 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. ¡Nunca una mísera puerta había salido más cara! En ningún caso se acredita fuera rota por los 14 patriotas y, por supuesto, no se identifica a quien la rompió, con lo que se elimina por completo la presunción de inocencia y se establece una responsabilidad colectiva. De los testimonios, se deduce que muy probablemente el cristal de la puerta se rompió al quedar atascada e intentar los miembros de la seguridad del local entrar.
Hoy está claro que los asistentes al acto eran presuntos delincuentes de la peor especie, que el señor Bosch, delegado de la Generalitat, y Josep Sánchez Llibre, conspiraban para romper toda la estructura del Estado de Derecho y acabar con la unidad de España, hechos gravísimos, tipificados en el Código Penal como delitos de rebelión y sedición.
En una ocasión, en que me encontré por los pasillos de Intereconomía con Josep Sánchez Llibre, éste me espetó, con actitud provocativa: ‘Tú me odias‘. Le respondí: ‘No te odio. Pero considero que deberías estar en la cárcel‘. Tampoco odio al miserable Carles Puigdemont, pero considero que debería llevar mucho tiempo ya en la cárcel. Y lo mismo, por ejemplo, a Carme Forcadell. Considero que los señores Bosch y Josep Sánchez Llibre merecen mucho más estar en la cárcel que los 14 de Blanquera, que no lo merecen en ningún caso, sino que deberían tener el reconocimiento social de la nación.
No hago demasiada mención al agravio comparativo, respecto, por ejemplo, a la absolución de la portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre en su obsceno asalto a la capilla de la Universidad Complutense, donde sí mostró claramente odio. Recientemente, una veintena de miembros de la CUP asaltaban la caseta de Ciudadanos en Santa Coloma de Gramanet destilando odio ideológico y gritando «Vosotros, fascistas; sois los terroristas«. Ni tan siquiera se detuvo a ninguno. Organizado orgánicamente por Arran, las juventudes de la CUP, hicieron un escrache a la sede del PP de Barcelona, en el que participó la diputada autonómica, Anna Gabriel. Estuvieron horas. Ni hubo ninguna detención, ni tan siquiera se les disolvió.
La injusta, indigna y absurda -como el tiempo está poniendo de manifiesto- sentencia del Tribunal Supremo contra los 14 patriotas de Blanquerna debe ser revertida en el Tribunal Constitucional, pues se han lesionado derechos personales de todo tipo. ¡Es delirante que mientras los poderes públicos tienen que afrontar un intento de sedición y han de frenar legalmente este brutal ataque a la unidad de España se pretenda encarcelar a 14 españoles por defender la unidad de España!
A los magistrados del Supremo: “Dígnense leerme esta sentencia mirándome a los ojos”