Miguel Sempere.
El diario separatista ultrasubvencionado La Vanguardia da por descontado, citando fuentes de Moncloa, que el calzonazo de Mariano Rajoy no hará nada y se escudará detrás del Tribunal Constitucional.
Mariano Rajoy no aplicará el artículo 155 de la Constitución porque, según La Vanguardia, no quiere pasar por ser el que acabó con la autonomía catalana. En lo que parece un reparto de papeles mentiroso, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol viene insistiendo en que se aplicará ese artículo.
El Gobierno de la nación, que está transmitiendo una imagen de debilidad superlativa, tampoco aplicará el artículo 544 del Código Penal, que tipifica y penaliza el delito de sedición.
Mariano Rajoy, al que fuentes solventes describen como un «cobarde patológico«, intentaría combatir la rebelión separatista catalana mediante el artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional, que se refiere al cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Ese artículo señala en su punto 4 que en caso de “advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto”.
Pero añade que si recibido el informe o el plazo fijado, el tribunal apreciase “incumplimiento total o parcial de su resolución”, podrá adoptar otras medidas, que van desde una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros que podría reiterarse hasta el cumplimiento del mandato, pero también “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”.
Además, ese mismo artículo concluye que “si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional, el tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes”.
El miserable Carles Puigdemont y el conjunto del separatismo ya han anunciado que se pasan las resoluciones del Tribunal Constitucional por el arco del triunfo y que, en ningún caso, aceptarán ser relevados de sus funciones.
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