Enrique de Diego.
Estos tiranos disfrazados de demócratas que están llevando a la civilización al abismo y a las sociedades al caos, en sus ensoñaciones de un gobierno mundial, deberían dejarse de hipocresías y declarar abolidas las libertad de expresión, de asociación, de cátedra y, por supuesto, de reunión y manifestación.
Esta tiranía -en lo mediático es completa, pues todos los medios, bajo disfraces mendaces de izquierdas o derechas o centro, participan del mismo consenso opresor liberticida- es gramática. Es puntillosa en lo semántico como los más tortuosos inquisidores. Ahora resulta que quien revienta un acto, quien se opone al derecho de manifestación de los demás, si lo es contra quienes no mantienen los cuestionables, y con frecuencia delirantes, dogmas de una casta destructiva, es «contramanifestante». Y el contramanifestante es mimado y protegido. Son los autodenominados «antifas», que, por supuesto, no son nunca detenidos por su acción violenta, pues quien impide el derecho de manifestación de los demás ejerce una evidente violencia. Y pueden pegar impunemente una paliza a una joven en Murcia o reventar cualquier acto que se les antoje, aunque cuente con las preceptivas autorizaciones gubernativas.
Debería decirse con claridad, y de una vez, que sólo están permitidas las manifestaciones siempre y cuando sus organizadores asuman las estupideces de la corrección política.
Tras una manifestación por la unidad de España en Barcelona, el 12 0, me topé junto con otras personas con esos llamados «contramanifestantes», que destilaban odio y violencia, pero la policía la emprendió con los que estábamos siendo agredidos verbal y físicamente, pues dieron una paliza a una menor por el mero hecho de llevar una camiseta de la selección española. Hace poco tuvo lugar una manifestación en Sant Feliu de Llobregat contra la instalación de una mezquita y el alcalde se presentó como uno más de los «contramanifestantes». La Policía lo más que hace es interponerse entre los grupos como si estuviera protegiendo a los «contramanifestantes».
Los catorce de Blanqueras no son, a lo que se ve, «contramanifestantes», pero sí lo son cuantos han arremetido, en diversos lugares, contra el autobús de Hazte Oír. El imperio de la Ley ha dejado de existir y sólo impera la coacción estatal apoyada por las hordas de «contramanifestantes», que no precisan ni pedir autorización, ni han de responder judicialmente de sus algaradas.
El derecho de manifestación ha sido abolido para dejar paso al de «contramanifestación».