Miguel Bernad Remón. Secretario General de Manos Limpias.
Todos los días nos encontramos con noticias que ya son habituales y no nos sorprenden, pero que son de extrema gravedad y que afectan a uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Son los agujeros de la justicia española:
1º. – La lentitud en el funcionamiento de los procesos judiciales. El caso Pallerols, denunciado por Manos Limpias, tardó 19 años en dictarse sentencia…
Con unas penas ridículas, por supuesto, por las “dilaciones indebidas” en la administración de justicia.
2º. – La politización y sectarismo del Consejo General del Poder Judicial, con resoluciones arbitrarias, tales son los casos de los magistrados don Fermín Calamita y don Francisco Serrano.
La total y absoluta politización de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
3º. – El dictar resoluciones a expensas de los tiempos políticos, tal es el caso del 3% de mordidas de Convergencia Democrática de Cataluña, CDC, denunciada en su día por Manos Limpias.
O el caso de la sentencia, todavía pendiente, in illo tempore, sobre los “matrimonios” homosexuales, que al parecer el Tribunal Constitucional está esperando a que llegue el día del Juicio Final, para acumularla a los autos correspondientes…
4º. – Las 200 varas de medir de jueces y fiscales a la hora de imponer fianzas y decretar prisiones preventivas.
5º. – Las puertas giratorias de jueces y fiscales, dado el paso a la política permanente de jueces y fiscales, sus nombramientos discrecionales para cargos gubernamentales o de las autonomías, etc.
6º. – La filtración de datos bajo el secreto del sumario, a medios de comunicación “afines” al poder (es decir, casi todos), para que éstos alimenten el morbo de sus clientes, estigmatizando y desacreditando así a los contrarios al sistema, de forma que cuando llegas al juicio, ya vas condenado de antemano, por lo menos socialmente…
7º. – La “desaparición” de sumarios y pruebas en juzgados y domicilios de jueces y fiscales (robo disco duro del caso Faisán, por ejemplo).
8º. – La proliferación de jueces estrellas, haciendo declaraciones sobre casos que llevan entre manos en los medios de comunicación social, y prejuzgando asuntos que, simplemente, instruyen.
9º. – Las “dudas”, por no decir otra cosa, sobre determinadas sentencias de gran transcendencia histórica y social, como la del 23 F, la del 11 de marzo, el chivatazo del caso Faisán, la amnistía fiscal, etc.
Todo ello nos lleva a pensar que es posible que la justicia sea independiente, pero, desde luego, no lo parece.
10º. – El comportamiento, a todas luces anómalo, de la UDEF y de la UCO, excediéndose en sus investigaciones, y actuando no a las órdenes de los jueces y fiscales, sino por cuenta propia, como un género de policías políticas, destinadas a acabar con los adversarios del poder, o con aquellos miembros del partido gobernantes a los que hay que “eliminar”…
Ambos cuerpos realizan intervenciones telefónicas que se “validan” posteriormente por la autoridad judicial, y efectúan informes que son meras sospechas, suposiciones y ocurrencias, siempre destinadas a acabar con el discrepante, denunciante o persona que molesta, al que se criminaliza con una gran alegría y frivolidad.
En resumen, este panorama pone en evidencia la falta de seguridad jurídica, la ausencia de una justicia equitativa con todos, y la total pérdida de credibilidad de la sociedad española en su “administración de justicia”.
Todo ello nos lleva a afirmar la inexistencia de un verdadero y real Estado de Derecho en España.