Varapalo judicial a la ingeniería social de Mónica Oltra



Mónica Oltra. /YouTube.com.

Josep Sansano.

Mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig es una inconsistente figura institucional, el sector separatista y pancatalanista, Compromís, es el que trata de imponer un proceso de ingeniería social que contradice el modelo tolerante de la Comunidad Valenciana.

El tripartito llegó al poder en medio del rechazo generalizado a la corrupción del Partido Popular y sin levantar entusiasmo alguno. Incapaz de percibir esa situación, Mónica Oltra, un producto de los medios de izquierdas, ha incrementado el sectarismo y se ha encontrado con la oposición en la calle y ahora con un doble varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia obliga a devolver el concierto a cuatro centros y además paraliza el modelo de imposición del catalán diseñado por el conseller separatista, Vicent Marzà.

El TSJ valenciano responde a demandas presentadas por el Colegio Saint Patrick School y el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El TSJ sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo por “seguridad jurídica y unidad de doctrina“, de forma que el privilegio de un privado no puede ser eliminado sin producir un daño irreversible. En cuanto a la imposición lingüística, que ha levantado especial oposición, fue denunciada por la Diputación de Alicante, presidida por César Sánchez, del PP, quien ha pedido que quede sin efecto por completo a riesgo de que el conseller incurra en prevaricación.

La respuesta de Mónica Oltra ha sido nítidamente totalitaria afirmando que “un tribunal no puede ser una segunda cámara” y recordando que los jueces no se presentan a las elecciones, postura que ha sido criticada incluso por Jueces para la Democracia, recordando la división de poderes.


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