Miguel Sempere.
Rambla Libre ofrece hoy en rigurosa exclusiva los documentos oficiales de Ciudadanos en los que el citado partido obliga a sus grupos municipales y en las diputaciones a transferir toda su asignación -subvención recibida de las instituciones para su funcionamiento- a la oficina 0446 Bellas Artes Madrid, del Banco Popular. Es la prueba última del gran escándalo de Ciudadanos: se está financiando de las instituciones al margen de cualquier marco legal. Esta esclarecedora exclusiva completa la ofrecida con anterioridad sobre las cuentas corrientes de Ciudadanos de Castellón y Villareal, en donde aparecen obligadamente como apoderados el número dos del partido, José Manuel Villegas, y el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado.
Todos los grupos de concejales y de diputados provinciales están obligados a transferir el dinero al partido, que centraliza sus finanzas en la citada sucursal del Banco Popular. En la circular, de la Secretaría de Finanzas, que Rambla Libre ofrece a sus lectores, se indica que cada mes se hará una transferencia a la cuenta de gastos «para cubrir todas las necesidades de funcionamiento de los grupos». Esto es un completo engaño, puesto que esa asignación que reciben los grupos es precisamente para cubrir las necesidades de su funcionamiento. En la circular se argumenta que «el partido es responsable jurídicamente de todos los grupos y subgrupos». Eso, simplemente, no es cierto. Son los grupos los que son responsables jurídicamente de la asignación que reciben, que en ningún caso es para financiar al partido y a sus dirección nacional.
Según las grabaciones de conversaciones de Manuel Buzón, coordinador territorial de Ciudadanos de Andalucía, esa transferencia para gastos es del 70% de lo que ingresan los grupos, por lo que Ciudadanos se queda con el 30% para la financiación de la cúpula nacional. Esa es la praxis en Andalucía, pero en propiedad Ciudadanos podría quedarse con todo. El acuerdo firmado por los grupos, que Rambla Libre también ofreció en exclusiva, da completo margen de maniobra a la dirección nacional.
Estamos ante una presunta malversación de fondos públicos en gran escala, pues se están utilizando los fondos públicos para un destino distinto al que están previsto y presupuestados. Es sencillo de entender que Ayuntamientos y Diputaciones no tienen presupuestadas cantidades para financiar a Albert Rivera, José Manuel Villegas, Fran Hervías, Carlos Cuadrado y el pequeño grupo que domina Ciudadanos.
En ese sentido, el escándalo es doble: que Ciudadanos se apropie para su financiación de dinero de las instituciones y que las instituciones se lo consientan. Los documentos son anteriores al llamado «Acuerdo Marco», una especie de contrato mercantil para dar apariencia legal a la presunta malversación de fondos públicos.
Hipocresía y franquicias
Con notable hipocresía, el documento emitido por la Secretaria de Finanzas afirma que «desde la Secretaría de Finanzas se tiene el mayor de los deseos de que el partido continúe por el camino de la transparencia, control de gastos y la optimización de los recursos«. Añade en la misma línea de hipocresía institucional que «sabemos que nos debemos a una Ley de financiación de partidos y a unos órganos fiscalizadores autonómicos, además del Central (Tribunal de Cuentas)».
Según analistas económicos, Ciudadanos está funcionando con un esquema de franquicias, de modo que a cambio de la utilización de su marca, y del sueldo que reciben los concejales y los diputados provinciales, exige de los franquiciados todo el dinero que reciben para su funcionamiento, devolviéndolos graciosamente un porcentaje, quedándose con una mordida del 30%, a tenor de las grabaciones hechas a Manuel Buzón.
Escándalo: Ciudadanos se financia parasitando de las instituciones: las pruebas