Enrique de Diego.
Rambla Libre ofrece la prueba irrefutable y definitiva del escándalo de la financiación de Ciudadanos. No se trata ya de los comentarios de fuentes solventes sino de la reproducción del Contrato de Cuenta Corriente, con el Banco Popular, del Grupo Político Municipal Ciudadanos Castellón, en el que aparecen como apoderados José Manuel Villegas Pérez, secretario general del partido, y Carlos Cuadrado Arroyo, secretario de Finanzas. A través de esa cuenta corriente se reciben las asignaciones del Ayuntamiento de Castellón.
Se trata de una estructura orgánica, jerarquizada, ordenada desde la dirección nacional con el visto bueno y el impulso de Albert Rivera. Se da en todo el territorio nacional, pues se ha confirmado que es la praxis existente en toda Andalucía y ahora, mediante la exclusiva de Rambla Libre, también en la Comunidad Valenciana.
El documento es de fecha 27-07-2015. Es decir, inmediatamente después de las elecciones municipales de 2015, que tuvieron lugar el 24 de mayo de ese año y, por supuesto, muy anterior al llamado «Acuerdo Marco«, con el que Ciudadanos trató de dar apariencia de legalidad a su financiación, mediante un supuesto contrato mercantil, por el que los grupos municipales y los de las diputaciones «contratan» con el partido Ciudadanos un supuesto asesoramiento.
El documento, de fecha 16 de julio de 2015, que reproducimos a continuación echa por tierra esa patraña y establece la plena realidad: Ciudadanos se financia de las instituciones, parasitando de ellas. El documento es un acuerdo por unanimidad del Grupo Político Municipal Ciutadans-Vila Real. Se acuerda «facultar al partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía para que sea éste, a través de las personas que seguidamente se relacionan como apoderados a la apertura de una cuenta bancaria en su nombre al objeto de poder disponer de los fondos de la manera que estime oportuna para el desenvolvimiento de la actividad que le es propia«. Es decir, el Grupo Municipal cede y transfiere la gestión de su asignación, de la subvención a recibir por el Ayuntamiento al partido, para que disponga discrecionalmente de esos fondos, «de la manera que considere oportuna».
A tal fin, junto a los concejales José Vicente Font y Ana María Riera Loriente, van a figurar como apoderados José Manuel Villegas Pérez y Carlos Cuadrado Arroyo.
El acuerdo se lleva a efecto, y con fecha 3 de agosto de 2015, se procede a la apertura de la cuenta en el Banco Popular:
Según lo desvelado en grabaciones de conversaciones del coordinador territorial de Andalucía, Manuel Buzón, de esta cuenta de ingresos el partido Ciudadanos se quedaría con el 30%, transfiriendo el 70% restante a una cuenta de gastos. Sin embargo, en los documentos que ofrecemos puede comprobarse que Ciudadanos dispone del 100% de esa asignación, y esa decisión de transferir el 70% es ulterior y caprichosa.
Recordamos que el diputado por Huelva, Ruperto Gallardo, ahora en el grupo de no adscritos, está reclamando 170.000 euros, que él considera sustraídos por el partido Ciudadanos, sin que éste haya dado hasta el momento contestación alguna.
Rambla Libre tiene conocimiento de otro caso llamativo. En un Ayuntamiento de una capital de provincia, uno de los apoderados, ahora en el grupo de no adscritos, ha acudido en dos ocasiones al Banco Popular para solicitar el extracto de cuenta y los movimientos. El Banco Popular se ha negado a facilitárselos afirmando que nunca ha tenido cuenta en el Banco. Es posible que le hayan dado de baja José Manuel Villegas y Santiago Cuadrado. Consultado el Banco de España ha indicado que es un comportamiento anómalo.
La cuenta por la que se reciben las subvenciones mensuales de los grupos se abre en Madrid, en la sucursal del Banco Popular cercana al Círculo de Bellas Artes, tal y como confirman a Rambla Libre multitud de fuentes de cargos electos que han sido expulsados o han abandonado el partido.
Es sencillo de entender que la asignación a los grupos está prevista para su funcionamiento, y para el servicio a los ciudadanos de la localidad en cuestión, tal y como establece la Ley de Régimen Local, por lo que se está produciendo una desviación sistemática que podría constituir una presunta malversación de fondos públicos. Obviamente, la Ley de Financiación de Partidos no contempla forma tan anómala de financiación. Esos fondos, que en Andalucía se han situado en el 30%, no están siendo fiscalizados por ningún organismo y sortean, por supuesto, la fiscalización la preceptiva fiscalización del Tribunal de Cuentas. Es decir, Ciudadanos no está justificando con facturas ante ningún organismo el destino de esos fondos.
Aunque algunas fuentes apuntan a que se trata de un remanente para financiar las campañas electorales locales futuras, no es descartable, por los documentos que Rambla Libre aporta hoy en rigurosa exclusiva para conocimiento general, que sirvan para pagar el crédito recibido por Ciudadanos del Banco Popular para las convocatorias de elecciones generales.
Escándalo mayúsculo y definitivo que implica a Albert Rivera
Este escándalo, que no dudo en calificar de mayúsculo y definitivo, aunque se pretenda ocultar durante un tiempo, afecta directamente a Albert Rivera. Es impensable que José Manuel Villegas, secretario general, y Santiago Cuadrado, secretario de finanzas, hayan generado esta estructura piramidal por su propia iniciativa. Hay que concluir ante la evidencia que Ciudadanos se está financiando de las instituciones.