Editorial
El taxi es un servicio público sometido al sistema de concesión administrativa. Hay, por tanto, un numerus clausus. El sistema entraña responsabilidades tanto para los concesionarios como para las administraciones. Es un sistema gremial que lleva funcionando bien durante muchas décadas, ofreciendo un buen servicio con altos parámetros de seguridad. La licencia se constituye en un patrimonio, por la que se ha pagado y a la que ha capitalizado a base de esfuerzo. El taxi ha sido un amortiguador del paro en los momentos más duros, como empresa familiar, y es un valor de herencia en una suma de pequeñas empresas.
El taxi está siendo amenazado por la liberalización encubierta de las VTC, que van ganando cuota de mercado y del más rentable, mientras los taxistas hacen horas de cola para servir a los usuarios en los aeropuertos o en las estaciones de tren. Se está provocando la proletarización del taxi y la depredación de las licencias. Es todo el sector el que está siendo amenazado por grandes empresas que practican competencia desleal.
La protesta del taxi está completamente justificada. El taxi tiene toda la razón. Se está produciendo de hecho una expropiación fraudulenta de las licencias sin el pago de ningún justiprecio.
La liberalización encubierta no está produciendo ningún beneficio. Lejos de ello, está provocando un gran conflicto, del que es buena muestra el seguimiento masivo de la jornada de huelga del sector del taxi. En nuestra opinión, las VTC deben ser prohibidas y erradicadas. Deben empezar a cumplir la Ley. Lo que funciona no debe ser modificado y el taxi funciona.