Josep Sansano
La Caja de Ahorros del Mediterráneo era el orgullo de los alicantinos y un poder fáctico que llegó a ser la cuarta caja por cifras de negocio. Todo un imperio construido a lo largo de siglo y medio de buen hacer, honradez y democratización del crédito. Bastaron tres décadas para saquearla hasta no dejar ni las raspas. Ocho, los de la última etapa, la más nefasta se han sentado en el banquillo de los acusados en el juicio principal del que se desgajaron otras seis causas, de las que una ha sido juzgada.
El saqueo de la CAM empezó con el PSOE, con Juan Antonio Gisbert y Vicente Sala –ahora presente en las páginas de sucesos por el asesinato de su esposa-, cuando el primero trajo a Rafael Galea y entregó a Hansa Urbana los Paus de Playa de San Juan, a cambio del regalo de un chalet.
Pero fue en la última etapa en la que se superaron todos los límites del saqueo. Modesto Crespo, el último presidente, un vendedor de coches, Roberto López Abad, director general, Maria Dolores Amorós y otros cinco directivos van a ser juzgado y afrontan la posibilidad de condenas que en algunos casos se elevan a 17 años, aunque, sorprendentemente, la fiscalía politizada no acusa a Modesto Crespo, sin el que nada pudo hacerse.
El latrocinio fue tan completo que todo el ingente patrimonio inmobiliario de edificios y sucursales fue entregado al Banco de Sabadell por el precio simbólico de un euro.
Entre los acusadores se sientan la Fundación CAM, el Fondo de Garantía de Depósitos, el letrado murciano Diego de Ramón y representantes legales de afectados por la compra de cuotas participativas.