Enrique de Diego
La corrupción mediática corre en paralelo con la política en una incestuosa simbiosis. Está también generaliza y es aún más impune. Es tan viscosa que hace imposible el periodismo, convirtiendo la independencia en una forma de suicidio profesional.
No se tiene presencia ni se medra ni se pueden tener responsabilidades o medios sin participar en la corrupción política. La primera corrupción son las licencias de radio y televisión que son concedidas mediante un estricto tráfico de influencias. En segundo lugar, está el reparto de la publicidad institucional y de las grandes cuentas del Ibex 35, de forma que no hay pluralidad de medios sino que todos coinciden en una sola línea: la defensa del sistema corrupto que les alimenta.
Los programas de debate, eso de los tertulianos, son corifeos de los corruptos. No deja de ser un sarcasmo que Luis Pineda, de Ausbanc, esté en prisión preventiva por chantajear a los bancos cuando eso es práctica generalizada en los medios y también, de diferentes maneras, en los bancos.
Últimamente, en el caso Lezo, están saliendo manifestaciones clamorosas de esa relación incestuosa y corrupta de los medios, sobre la que rápidamente se echa tierra, sin investigación ninguna. Hemos sabido, de manera fehaciente, con conversaciones grabadas, que el consejero de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, anterior directivo del Canal Isabel II, era considerado “un soldado de La Razón” y su director Francisco Marhuenda y su consejero delegado, Mauricio Casals, establecen una conjura contra Cristina Cifuentes a fin de conseguir encubrir la corrupción y dejar impune el delito. De las conversaciones se deduce que se ufanan de hechos concretos en esa dirección, que se pide la colaboración de Antonio García Ferreras, quien se presta, y que ponen en el fiel de la balanza a todo el grupo Atresmedia, en donde conviven -¡suprema hipocresía, bastarda impostura!- la derecha lacaya de La Razón y la izquierda supuestamente levantisca de La Sexta.
Toda esta trama ha sido soslayada con una simple declaración de Francisco Marhuenda. Ni tan siquiera se ha investigado si las acciones de Edmundo en La Razón son fruto de la corrupción. Al juez Eloy Velasco no le interesa enemistarse con un medio, para su medro le basta con ir a por políticos inactivos, fuera del poder, a los que están con mando en plaza ni se les roza.
En esas mismas conversaciones grabadas, Ignacio González informa que Julio Ariza ha ido a chantajear a Mariano Rajoy con una cinta de vídeo, facilitada por Ildefonso de Miguel, en la que un empresario reconocería pagar mordidas en Génova. Tan grave acusación, en la que existen puntos de verosimilitud –la cercanía de Ariza a los personajes, el haber tenido Ariza a Ildefonso de Miguel como empleado- se ha sustanciado con menos: una mera polémica y algunos bizarros y otros toscos desmentidos.
En su día se desveló que directivos de Libertad Digital acudieran a pedir ayuda al PP y les fue facilitada a través de la caja B. Y tampoco pasó nada. La cuestión es que la corrupción mediática está generalizada y aún es más impune que la política.