Editorial
En propiedad, el Parlamento de Cataluña ha declarado la independencia, sin que el Gobierno se quiera dar por enterado. Lo ha hecho a través de la mal llamada Ley de transitoriedad jurídica, en la que se establece que la soberanía reside en el Parlamento catalán. El referéndum no es otra cosa que parafernalia con pretensiones de legitimación.
Según esa Ley, el poder judicial pasa al ámbito catalán, que asume todas las causas ahora presentes en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, y también va a proceder a suspender las sentencias condenatorias contra todos aquellos que hayan colaborado con el proyecto secesionista.
Es una completa conculcación de las leyes y la entrada de lleno en el terreno el delito. No es hora de retóricas ni de jugar de manera mendaz a quien es más dialogante. No es cierto que Carles Puigdemont, quien debería estar compareciendo ante la Justicia, haya hecho una última oferta en una conferencia en la Casa de la Música de Madrid. Ni tampoco que los españoles estemos seguros con Mariano Rajoy porque el referéndum no se va a celebrar. Insistimos en que la declaración unilateral de independencia se ha producido. A lo que asistimos es a juegos florales ante la gravedad extrema de la situación.
La Constitución en su artículo 155 establece los mecanismos para actuar contra la deslealtad institucional y en este caso resulta claro que máxima. No queda otra que aplicarlo y la asombrosa lentitud en hacerlo solo hace que enquistar y agravar el problema.