Escándalo mayúsculo en la Universidad de Zaragoza



Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. /Foto: tensiempreflores.com.

Ramiro Grau Morando. Abogado.

El 5 de mayo de 2016 envié un escrito a la Presidencia de las Cortes de Aragón, manifestando mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Zaragoza utilizara a un abogado del estado, en el ejercicio privado de la abogacía, como letrado, en lugar de utilizar a los varios abogados, funcionarios o contratados, en su gabinete jurídico, pidiendo que se investigara esta situación.

El 13 de mayo de 2016, y al amparo de la ley de transparencia de Aragón, solicité al señor Rector de la citada Universidad información detallada sobre el particular, dictándose una resolución el 15 de junio de 2016, por la que se acordaba: “Denegar el acceso a la información contenido en el punto 4 de su escrito”.

El citado apartado 4 pedía textualmente lo siguiente: “Cuantías económicas percibidas por el citado Abogado particular de la Universidad desde que comenzó a prestar servicios, sobre 1985, hasta que los finalizó, en el año 2014, es decir, durante unos 30 años”.

Se adjunta copia del “Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad de Zaragoza”, de 15 de septiembre de 2014”.

En la cláusula quinta se dice que el convenio tiene una duración de dos años, y la séptima indica que la Universidad pagará a la Abogacía General del Estado “…la cantidad anual de veinte mil euros (20.000 E) más IVA… La citada cantidad anual podrá ser objeto de revisión al cabo del primer año o siguientes de vigencia y de mutuo acuerdo entre las partes, en función del número y la importancia de los asuntos”.

La octava establece que: “En los procesos en los que existan condenas en costas… Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresara a favor de la Universidad”.

Disconforme con dicha denegación de acceso a la información, formulé reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, el 23 de junio de 2016, reiterada por escrito de 28 de noviembre del mismo año, ante la falta de contestación.

Por resolución 3/2017, de 27 de febrero, el citado Consejo acogió favorablemente la queja, y en un prolijo y bien documentado escrito de 25 folios, resolvió “Estimar la reclamación presentada por D. Ramiro Grau Morancho frente a la Resolución rectoral de 15 de junio de 2016, por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada”, dando un plazo máximo de dos meses a la Universidad, en atención a la numerosa documentación que había que utilizar.

Por escrito de 28 de abril de 2017, recibido el 5 de mayo siguiente, el señor Vicerrector de Prospectiva, sostenibilidad e infraestructura (hay que joderse con los nombres y las funciones de los cargos), dio cumplimiento a la Resolución del Consejo de Transparencia de Aragón, dando las explicaciones pertinentes, lo que agradezco mucho a la citada Universidad.

Como la transparencia es eso, conocimiento y dominio público, transcribo a continuación algunos datos que estimo merecedores del conocimiento público:

“Que, desde 1985 hasta 1993, además de la no obligación legal de conservar la citada información, no resulta posible materialmente proporcionarla, ya que existen dificultades técnicas que no nos permiten la lectura del soporte informático en el que está grabada, dada la antigüedad del sistema físico…

Por otra parte, examinada la documentación correspondiente a los años 1994 a 2014 no consta la existencia de contratos mayores respecto de los servicios jurídicos, por lo que no puede informarse de la fecha de formalización; siendo el procedimiento utilizado el encargo al letrado de la defensa en el pleito de que se tratase mediante orden de encomienda…

La Universidad de Zaragoza necesitó, a partir de ese momento –entrada en vigor de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, en septiembre de 1983-, contar con un sistema propio de defensa jurídica que le permitiese actuar ante los distintos órganos judiciales y, para ello, decidió encomendar inicialmente dicha tarea al letrado del Servicio Jurídico del Estado que –durante la centralizada etapa anterior- generalmente se encargaba de la defensa de los asuntos relacionados con la actividad universitaria; decisión que se materializó en el año 1985… Y ello por cuanto dicho abogado del Estado estaba especializado en derecho universitario y compatibilizaba su puesto oficial con el ejercicio libre de la profesión…

A mediados de 1991 se procedió a la cobertura de dichas plazas (se refiere al servicio jurídico propio de la Universidad de Zaragoza), iniciando su andadura el denominado “Gabinete Jurídico”, teniendo como funciones específicas, entre otras, el desempeño de los servicios contenciosos. Sin embargo, la defensa en juicio de la Universidad nunca fue asumida en la práctica por sus letrados, manteniéndose el sistema implantado en el año 1985 hasta la actualidad, diseño que determinó que la Universidad defendiese sus decisiones ante los órganos judiciales a través de un tercero, profesional externo; mientras que el gabinete jurídico actuaba en el ámbito interno. Desde el punto de vista de la situación creada, basada en la eficacia y oportunidad y por el hecho de que los letrados del gabinete jurídico no asumiesen la función contenciosa, se toma la decisión de designar a dicho abogado del Estado para la defensa en juicio de la Universidad por las razones expuestas…

Posteriormente (tras la promulgación de diversas normas legales), la tramitación y adjudicación de contratos de servicios referidos a la defensa en juicio de las administraciones públicas por abogado colegiado podían hacerse, cuando la previsión de honorarios según el baremo que fija el Colegio de Abogados no superaba los 18.000 E, conforme al contrato menor, dado que se trataba de contratos de servicios, permitiéndose así la adjudicación directa…Esto fue lo que sucedió en la práctica totalidad (686 de 688) de las encomiendas efectuadas al abogado del Estado, inferiores a 18.000 E… además de en los casos previstos en el artículo 170, los contratos de servicios podrán adjudicarse por procedimiento negociado cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 E, en todo caso…”.

En resumen:

  • La Universidad de Zaragoza, que tiene su propio Gabinete Jurídico, prefiere contratar a un abogado del estado que ejerce particularmente la abogacía, quien les lleva 688 pleitos, de 1994 a 2014.
  • Por dichos pleitos el citado abogado privado cobra 812.397,80 euros, más el IVA correspondiente, lo que hace un total de 955.737,36 euros (s. e. ú o. en los datos facilitados por la propia Universidad).
  • El año 2014, su “despedida” de la Universidad, cobró la friolera de 195.164,45 euros, más 40.984,56 de IVA, es decir, un total de 236.149,01 euros.
  • (Es decir, unos ingresos netos de 647 euros diarios, que no está nada mal, además de su sueldo como abogado del estado, obviamente).
  • En Zaragoza hay un plantel de excelentes abogados administrativistas, muchos de ellos expertos en pleitear contra la Universidad, pero que, al parecer, no daban la talla…

No voy a hacer comentarios.

Los hechos son tozudos, y a los hechos me remito.

El que quiera pensar, que piense…

Las únicas preguntas que me hago son las siguientes:

  1. ¿Es lógico que los abogados del estado puedan ejercer como abogados particulares…?
  2.  ¿Dónde termina el abogado del estado y empieza el abogado privado?
  3.  Esta forma de gestionar el escaso dinero público, con tanta alegría, ¿es la causa de que la Universidad de Zaragoza esté pidiendo más dinero al Gobierno de Aragón, un día sí y otro también?

Yo, como soy de pueblo, la verdad es que me lío con estas situaciones tan peculiares, propias de una España medieval y gremialista.

 


13 comentarios en Escándalo mayúsculo en la Universidad de Zaragoza

  1. Esto es algo que se sabía en la curia judicial zaragozana, y que incluso había sido denunciado por algún abogado al Colegio Profesional que, por supuesto, no hizo absolutamente nada para evitarlo.
    Mientras los abogados normales y corrientes malviven de sus despachos, pues cada día hay más abogados, es sorprendente que los Abogados del Estado, que tienen un buen sueldo asegurado, y para eso han hecho oposiciones, vamos, digo yo, se dedican a asesorar a organismos oficiales, como abogados privados…
    EL MUNDO AL REVÉS.

  2. Este caso es parecido al de un Fiscal que por la mañana persiga a los delincuentes, y por la tarde monte un despacho para defenderles…
    ¡Estas cosas solo pasan en España!

  3. Como abogado ejerciente en Zaragoza, y perteneciente a su Real e Ilustre Colegio,
    ESTOY INDIGNADO CON ESTA SITUACIÓN, que va en claro perjuicio de la profesión.
    Y lo que más me preocupa es que tengo entendido que esta situación FUE DENUNCIADA EN SU DÍA ANTE EL COLEGIO, y que éste no hizo nada para evitarla…
    NO DUDO DE SU LEGALIDAD, O SI, PERO DESDE LUEGO ES TOTALMENTE INJUSTO, Y ÉTICAMENTE CREO QUE ES MUY REPROBABLE LO SUCEDIDO.

    • Yo también soy abogado en Zaragoza, y quiero decir dos cosas:
      1. Me toca mucho las narices, por no decir otra cosa, QUE PASE ESTO, es decir que FUNCIONARIOS PÚBLICOS pueden ejercer tranquilamente la ABOGACÍA.
      O se está dentro del mostrador, o fuera, pero lo que no se puede en estar en ambos lados…
      2. También me parece DENUNCIABLE QUE PROFESORES DE DERECHO se hayan podido colegiar como abogados, sin pagar cuotas de ingreso al colegio, ni nada de nada.
      ¡Menos mal que un compañero llevo eso asunto a los tribunales y lo ganó!
      Visto lo visto, ¿SIRVEN PARA ALGO LOS COLEGIOS DE ABOGADOS…?

  4. 1. Hay un Real Decreto de 1985, creo recordar, que permite que los Abogados del Estado ejercen la abogacía particular, perdiendo los complementos retributivos por dedicación exclusiva.
    2. Ahora bien, esa legislación reglamentaria (seguramente “informada favorablemente” por algún Abogado del Estado), ¿ES ÉTICAMENTE ACEPTABLE?.
    Y, sobre todo, ¿es estética, en un país con más de 150.000 abogados en ejercicio libre de la profesión…?
    Yo creo que no.
    De cualquier forma, hay que ver COMO SE MALGASTA EL ESCASO DINERO PÚBLICO…

  5. Esto pasa a menudo, la compatibilidad , otros llevan camiones o buses, otros a las mutuas y así un largo etc etc y en algunos casos economía sumergida, un transfondo de conocidos, amiguísimo y prebendas , la doble cara de todo. Es parte consentida del sistema, cuando se tiene un poquito de poder o posición social todo te sonríe.

  6. Esta ANÓMALA SITUACIÓN ya fue denunciada por el señor Grau Morancho en su libro CUESTIONES UNIVERSITARIAS, ed. JALÓN, Zaragoza, 1998, págs. 13 a 16, Y NADIE LE HIZO NI PUTO CASO, por lo que no se a que viene escandalizarse ahora por algo que ya e sabía en los ambientes jurídicos.
    Es más, creo que también lo denunció al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, que tampoco hizo absolutamente nada para acabar con esta situación, y que la prestación de los servicios de LETRADO PARA LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA salieran a CONCURSO PÚBLICO, como procedería en cualquier Estado de Derecho normal y corriente…

    • Perdón, el libro, más bien un folleto, por su reducida extensión, está publicado en Octubre de 1999, según pone en las páginas de créditos, no en 1998, como he puesto en el comentario anterior…

  7. Yo alucino con esto, si son del estado, son del estado, que para eso cobran del estado, pero no pueden dedicarse a lo privado, porque es cobra dos veces, de un os y de otros Esre pais es de locos

  8. En la Universidad de Zaragoza hay un grupo neocomunista, pero no de Carlos Marxc, sino de Groucho Marx, llamado el COLECTIVO DE PROFESORES, done confluyen lo peor de cada casa. Profesores vagos, inútiles, incompetentes y sectarios, sobre todo muy sectarios. Pijoprogres. Burgueses en la intimidad, pero progresistas ante los demás…
    Y estos son los que rigen la Universidad, o lo que queda de ella, DESDE HACE VARIAS DÉCADAS.

    • Un catedrático jubilado de la Universidad de Zaragoza, el profesor doctor don Santiago Molina García, ha puesto el apellido: SOLCHAGA.
      Y yo voy a poner el nombre y el segundo apellido: Don Jesús SOLCHAGA LOITEGUI.
      ¿Contento…?
      De cualquier forma, LA ACTUACIÓN DE ESTE SEÑOR ES LEGAL, cuestión distinta es que sea injusta o éticamente reprobable, pero el Derecho no regula la moral, sino las normas jurídicas de cumplimiento obligatorio.
      Para mí, ética y estéticamente es una situación impresentable, pero para gustos están los colores…

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