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Érase una vez dos amigos

Redacción




Francisco Marhuenda, el antiperiodismo. /Foto: blogs.ppmadrid.es.

Miguel Bernad Remón. Jurista y secretario general de Manos Limpias.

Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente del diario LA RAZÓN y del grupo editorial, tenían y tienen un amigo, consejero del citado grupo, y actualmente en prisión provisional por la operación “Lezo”. Este hombre es el testaferro y persona de confianza de Ignacio González, el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y también en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los dos amigos, Marhuenda y Casals, consolaban a su deprimido y abatido amigo, pues tenía el temor (fundado) de que la justicia le pasaba los talones, con el anuncio de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, les había denunciado.

Ambos amigos consolaban al consejero y testaferro del ex presidente, diciéndole que estuviera tranquilo, que pondrían toda la artillería mediática (La Razón, Antena 3, la Sexta, Onda Cero) a trabajar, para desactivar la anunciada denuncia de la señora Cifuentes.

El juez don Eloy Velasco abre una investigación –antes imputación- contra los dos amigos, por presuntas coacciones, para rápidamente archivar el procedimiento, basándose en el argumento absolutamente insólito desde el punto de vista jurídico de que: “trataron, mediante mentiras piadosas y paliativas de convencer y consolar al amigo, y hacerle creer que el control mediático de que disponían influiría que el procedimiento penal no siguiera adelante”.

El juez don Eloy Velasco tenía un argumento mucho más riguroso, técnico y creíble para sobreseer y archivar la causa contra ellos (como así ha sucedido), cual es: “no existen o se parecían, después de las declaraciones y conversaciones telefónicas, suficientes indicios racionales de que se hubiera producido un delito de coacciones”.

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Como mínimo podemos calificar ese sobreseimiento de la investigación de los dos amigos como una motivación francamente insólita a la hora de justificar una resolución judicial.