El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá ha dado carpetazo, en plena Semana Santa, al escandaloso caso de la fiesta de jubilación en dependencias municipales con espectáculo de striper. Como dice Rafael Ripoll, concejal de España2000, la omertá ha triunfado en el Ayuntamiento de Alcalá.
- ¿Qué opina de que no haya comisión de investigación sobre la fiesta de la striper?
Yo no soy muy favorable de las Comisiones de Investigación puesto que en ellas las conclusiones finales dependen de la decisión de los mismos grupos municipales, y el que tiene mayoría, decide. Como expuse en el Pleno Municipal Extraordinario que se celebró, el Equipo de Gobierno debe responder a las preguntas que desde España2000 les hemos planteado, quién organizó la fiesta, quién la pagó, si tenían conocimiento de ella los cargos políticos y su nivel de participación.´
- ¿Te das por satisfecho con el cierre de la investigación, situando al funcionario jubilado como el único responsable?
No, pero es lo que hay, el trabajador jubilado asume toda la responsabilidad de tan bochornoso espectáculo y de todos los comparecientes, ya sean funcionarios o cargos políticos, ninguno o no recuerda nada, o no vio nada, o sencillamente, no estuvo ahí.
- ¿Cómo queda lo de la presencia de un concejal del PSOE y otro de Podemos?
Hasta la fecha, no hay ninguna prueba de la presencia de los concejales en la fiesta; es cierto que en «corrillos» hay trabajadores municipales que afirman que sí estuvieron, pero esas acusaciones hay que hacerlas donde toca y no en esos «corrillos«. Hay una cierta sensación de miedo que provoca ese silencio, pero si hemos de ser justos sin pruebas no se debe mantener la acusación contra nadie.
- ¿Va a tomar España2000 alguna iniciativa nueva?
Tras la Investigación Reservada, en la que el trabajador jubilado asume toda la responsabilidad del uso inapropiado durante más de ocho horas de instalaciones municipales, sólo queda un camino, y es reclamar al responsable todos los gastos de limpieza y de uso de esos espacios, además de abrirle un expediente sancionador que difícilmente podrá sustanciarse puesto que ya no es trabajador público. Si no hay más pruebas o testimonios que contradigan lo expuesto, no se puede seguir avanzando. La omertá ha cerrado el caso.