Josep Sansano
El Centro PREVI, Psicología y Realidad Virtual S.L., de Valencia afirma, según la gerente Cristina Guillén Botella, ser privado, pero eso es una media verdad. El Centro PREVI está concertado con la Generalitat y vive, en buena parte, del dinero del contribuyente, aun así, sin que se sepa por qué, se le permite tener el privilegio del derecho de admisión y personal directivo presume, según fuentes judiciales, de ser capaz de manipular a la Justicia a favor de sus protocolos anticonstitucionales.
No es suficiente que el director de psiquiatría del Hospital General de Elche, el prestigioso Doctor José Vicente Baeza, y que la psiquiatra Doctora Estefanía Pérez Marín deriven a un joven enfermo, con diagnóstico de Trastorno Límite de Personalidad, al Centro Previ, sino que ese centro se reserva el derecho de admisión y tiene el curioso protocolo de que durante seis meses el enfermo ha de tener una serie de entrevistas con psicólogos. ¿Esto que es, un hotel para la casta, como comentan numerosas fuentes? Porque un Centro de Tratamiento de TLP no es. Si un TLP estuviera asistiendo seis meses a las citas del psicólogo, con el solo fin de decidir si lo admiten, no sería un TLP sino un ordenado prusiano.
¿De qué van estos de PREVI y como lo permiten Ximo Puig y Mónica Oltra? ¿Tiene PREVI problemas económicos, como es comentario general de fuentes solventes?
Pero la prepotencia de PREVI llega mucho más allá. Según fuentes judiciales, personal directivo presume de ganarle el pulso a la Justicia y de hacer pactos oscuros, para que se redacten las providencias a su conveniencia. ¿Y jueces, con oposición y acrisolado prestigio, permiten que su nombre se arrastre por el lodazal? ¿permiten que se les presente como peleles de intereses pseudoprivados? Es una historia que merece ser contada, con pelos y señales, y conocida por la opinión pública.
Estas actitudes torticeras, confirmadas por fuentes directas y solventes, de personal directivo que dañan a esa institución y la abocan al cierre, merecerían una investigación y una depuración porque lo que no podemos los contribuyentes es seguir con la broma de los conciertos que solo benefician a unos cuantos. Personalmente, soy partidario de acabar con todos estos conciertos que no hacen más que beneficiar a una determinada élite parasitaria y abrir las instituciones sanitarias públicas al tratamiento de este tipo de enfermos que la Organización Mundial de la Salud define estupendamente para la totalidad de los sufridos contribuyentes. Si usted padece una hepatitis C, el Estado le sufraga el medicamento y la totalidad de los contribuyentes cargamos con ello, pero si usted tiene un TLP, el malditismo médico, social, judicial, etc., está servido. Se transforma en un calvario, arrastrando una cruz ignominiosa, como si de los leprosos de antaño se tratara.