Josep Sansano
El Ayuntamiento de Santa Pola compró seis motos eléctricas a la empresa Ecoexpansión, pero no hizo el pago a esa empresa, sino a una trama en la cúspide de la cual, fuentes judiciales y políticas, sitúan al político Juan de Dios Navarro, exdelegado de la Generalitat valenciana y actual vicesecretario de Economía del PP de Alicante.
A instancias del prestigioso abogado José María Bueno Manzanares, que lleva la defensa del empresario Lorenzo Castejón, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alicante, exige que el Ayuntamiento de Santa Pola, en el plazo de diez días, aporte la factura “que abonó a Ecoexpansión en el año 2013 por la compra de motos eléctricas y cualquier documento que obre en su poder en relación a dicha compra”.
Según consta en los autos de la presunta estafa estimada en total en más de 1 millón de euros, el cobro de las seis motos fue efectuado por José Vicente Quiles Ruiz, familiar de Juan de Dios Navarro, que fue el político que hizo la presentación de las motos, y de Vicente de Dios Navarro, hermano del político, que es acusado directo de la presunta estafa.
En su declaración en el Juzgado José Vicente Quiles Ruiz confirmó que él había sido el receptor del cobro, situándose en el papel de comisionista. Fuentes judiciales apuntan a que el destinatario último pudiera Juan de Dios Navarro. Se espera que la jueza llegue hasta el final en aras a la independencia y el prestigio de la Justicia, tan deteriorados en la estima pública.
El origen de la presunta estafa está en una buena idea empresarial: Abat, motos eléctricas, también bicicletas y patinetes eléctricos, en un momento de encarecimiento del combustible y de fuerte mentalidad ecologista. Un buen complemento para muchos concesionarios, que funcionó, hasta que Vicente Navarro y Jaime Marín, gerente, empezaron a perpetrar una presunta estafa en tres direcciones: a los socios, metiendo presuntamente la mano en la caja; hacia los franquiciados, vendiéndoles motos que luego no eran servidas; y llegando a falsificar las propias motos.
En toda la operación actuó activamente Juan de Dios Navarro, que entonces era delegado de la Generalitat en Alicante, un puesto sin funciones definidas, pero con muchas posibilidades para las relaciones. De hecho, las presentaciones de los productos se hicieron con su presencia estelar. Él fue el que facilitó una nave en un Polígono Industrial, propiedad del Ayuntamiento de Alicante, por la que no se pagó ningún alquiler, como una especie de donación de propiedad pública. Y el que aparece como presunto mediador en una de las operaciones con más ruido mediático de Abat: la venta de dos motos a la Policía Local de Santa Pola, con el entonces alcalde (del PP), Miguel Zaragoza, quien se hizo famoso por acumular la cifra de 25 asesores.