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Un Pablo Iglesias desquiciado se alinea con los terroristas

Redacción




Pablo Iglesias. /Foto: farodevigo.es.
Pablo Iglesias. /Foto: farodevigo.es.

Miguel Sempere

Aburre a las ovejas, hace bajar las audiencias, ha convertido a Podemos en su serrallo (pasar por su catre suma puntos), confunde a los privilegiados de la estiba con trabajadores proletarios y ahora, este vanidoso insustancial, en su afán de provocación de alinea con los terroristas.

Por supuesto, que la paliza en Alsasua a dos guardias civiles en cuanto guardias civiles fue un acto de terrorismo. Sin embargo, en una provocación estúpida Pablo Iglesias ha llegado a calificar de “víctimas” a los agresores.

Es ya un perfecto gilipollas que deambula por el escenario intentando mantener el protagonismo a base de chorradas de un izquierdismo infantil. Según la portavoz adjunta, Ione Belarra, los nueve imputados por la agresión en 2016 a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), procesados por terrorismo, son también «víctimas», por estar siendo sometidos a «un juicio injusto y desproporcionado».

Podemos ha participado este miércoles en un acto de apoyo en el Congreso a los familiares de los nueve imputados y ha suscrito un manifiesto junto a otros grupos como ERC, EH Bildu, PDeCAT y PNV en el que reclaman la puesta en libertad a los tres jóvenes que permanecen en prisión, así como la «eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo». El manifiesto ha provocado malestar en algunos diputados de Podemos, que se han desmarcado del mismo, como el guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos y el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes.

«Las personas que han sido agredidas son víctimas, y las personas que están siendo sometidas a un proceso judicial injusto y desproporcionado son también víctimas. Nos solidarizamos con todas las víctimas», ha manifestado este miércoles la portavoz adjunta de Podemos tras la reunión con las familias de los agresores de Alsasua. «Lo que estamos reivindicando aquí es que esto es una pelea de bar, en cualquier otro lugar de España sería juzgado por un juzgado de primera instancia», ha añadido Ione Belarra. Esta incompetente manipuladora ha de ser consciente de que ese tipo de sucesos no suceden en otras partes de España.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha valorado como una «banalización» del terrorismo la calificación de la agresión de Alsasua como tal. «Convertir una agresión automáticamente en un delito de terrorismo es banalizar el terrorismo», ha sostenido en La Sexta. «Es una irresponsabilidad decir que es terrorismo porque las víctimas sean guardias civiles», ha abundado. Este payaso ha perdido el Norte y el Oremus y se está mostrando como un degenerado que todo lo banaliza.

Algunos diputados de Podemos han manifestado su malestar con la iniciativa y se han desmarcado de la postura oficial. «Desde el minuto uno hemos estado con las víctimas de Alsasua, con los guardias civiles agredidos y sus parejas. Lo demás son manipulaciones», ha escrito el diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos en su perfil de la red social Twitter. Delgado Ramos no ha firmado el manifiesto porque no lo comparte «al 100%», ha explicado en los pasillos del Congreso, ya que «quita valor» a lo prioritario, que a su juicio es «el apoyo a los guardias civiles y sus parejas».

El diputado y magistrado en excedencia Juan Pedro Yllanes ha expresado también su desacuerdo con el texto, que sin embargo sí ha firmado, porque supone una «injerencia en la separación de poderes», al decirle a la justicia cómo debe calificar los hechos.

La declaración, suscrita por Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido firmada por 74 diputados y 14 senadores, destaca la «preocupación» de los grupos por la calificación judicial de los hechos como delitos de terrorismo. «La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran todas las libertades, las garantías judiciales y la seguridad jurídica que a todas personas nos deben proteger», dice el texto.

Tras la reunión con las familias de los agresores, el diputado de ERC Joan Tardá ha manifestado por su parte la «solidaridad del republicanismo catalán» con los agresores, «víctimas de una gran arbitrariedad», así como de la «violencia» y «venganza» del Estado español en este caso. El representante del PDeCAT, Sergi Miquel, se ha quejado de la «instrumentalización» del caso «que se suma a los prejuicios entre los dos bandos», mientras que el diputado de EH Bildu Oscar Matute ha hablado de «atropello democrático» con el que se ha «intentado ejemplarizar». Por el PNV, Joseba Aguirretxea ha pedido «ecuanimidad» de la justicia. «Las acusaciones de terrorismo están fuera de lugar», se ha quejado el diputado.

La agresión ocurrió en octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua (Navarra). Los dos guardias, un teniente y un sargento, estaban tomando una consumición con sus parejas cuando uno de los jóvenes procesados, Jokin Unamuno, les increpó. A continuación, entre 20 y 25 personas, según el relato de la juez, rodearon a las dos parejas y les comenzaron a insultar y amenazar. Cuando intentaron abandonar el bar, el grupo comenzó a golpearles causándoles diversas lesiones. El teniente sufrió, entre otras heridas, una fractura en el tobillo que precisó una intervención quirúrgica en la que se le colocaron una placa y tornillos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó el pasado noviembre auto de procesamiento contra nueve los supuestos autores, de entre 19 y 24 años, por delitos de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y delito de odio. Además, la juez envió al Juzgado Central de Menores la causa contra dos de los supuestos agresores, que no han cumplido aún los 18 años. De los nueve procesados, tres permanecen en prisión.

La magistrada afirma en su auto que todos los procesados “conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”. La agresión se produjo, según Lamela “dentro del ambiente del movimiento Alde Hemendik! (¡Fuera de aquí! en euskera), cuyo objetivo principal desde sus inicios es la negativa a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las Fuerzas Armadas, en Navarra y el País Vasco”.