Luis Bru
Conspirar para acabar con la unidad de España resulta barato: Artur Mas, dos años de inhabilitación. Defender la unidad de España sale caro: catorce patriotas de Blanquerna, cuatro años de cárcel
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta del 9-N. El tribunal ha condenado, además, a los otros dos acusados en el juicio del 9-N: la exvicepresidenta Joana Ortega (un año y nueve meses) y la exconsejera de Enseñanza (un año y medio) como cooperadoras necesarias del delito de desobediencia. Los tres han sido absueltos, en cambio, del delito de prevaricación, que era el que implicaba una mayor pena de inhabilitación.
La sentencia no es firme y las defensas de Mas Ortega y Rigau ya han anunciado que piensan recurrirla ante el Tribunal Supremo. Eso significa que, por ahora, no se ejecutará. Y que el único de los tres acusados que en la actualidad ejerce un cargo público –Irene Rigau es diputada de Junts pel Sí en el Parlamento catalán- podrá seguir desempeñando esas funciones.
Cosa distinta es que alguno de ellos quiera presentarse como candidato en unas elecciones. Mas, por ejemplo, sopesa presentarse a las próximas autonómicas como líder del PDECat. Un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sin embargo, se lo impide. El artículo en cuestión señala que no son elegibles “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado” a penas de inhabilitación. El delito de desobediencia se enmarca en los delitos contra la administración pública.