Miguel Sempere
Según una encuestas de Sigma Dos, el 43,9% de los votantes socialistas prefieren a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, el 31,8% desearían ver en ese puesto a Patxi López y, en tercer lugar, el 18,6 se decanta por Susana Díaz, quien hasta el momento no ha confirmado su presencia en las primarias.
La cita socialista con la democracia interna no interesa solo al PSOE sino que puede condicionar toda la vida política española.
Pedro Sánchez tiene el plus de la víctima de una conjura interna, su relación directa con la base, su disposición a abandonar el acta de diputado para ser coherente y su reivindicación del orgullo de ser de izquierdas y de pertenecer a un PSOE no sometido al PP. Es un bagaje en positivo muy elevado.
Patxi López juega a la tercera vía, sin vencedores ni vencidos, el pacificador. Susana Díaz ha asumido la posición de la candidata del aparato, respaldada por los barones, algo que ahora juega claramente en contra.
Si Pedro Sánchez se alza con la victoria, la legislatura se le va a complicar mucho a Mariano Rajoy. Sánchez dejó la secretaría general cuando estaba intentando conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno, con Podemos y los separatistas catalanes. Podemos ya ha hecho pública su postura a favor de una moción de censura a Mariano Rajoy. El preciso de los separatistas es inasumible: el ilegal referéndum.
No sería descartable que pudiera intentarse de nuevo un tripartido PSOE-Podemos-Ciudadanos. Los de Albert Rivera pueden tener algún aliciente añadido y no solo por el conflicto murciano. El discurso final de María Dolores de Cospedal en el Congreso del PP dejó claro cuál es el objetivo de Génova: “recuperar la unión del centroderecha”. Es decir, sacar del mapa político a Ciudadanos, cuyos votos son considerados prestados.
Con Pedro Sánchez al frente del PSOE, y la vuelta al nítido “no es no”, Mariano Rajoy no podría ni soñar con aprobar los presupuestos y desde esa convicción, la postura de Moncloa sería ir a elecciones generales, que fontaneros de Moncloa sitúan en noviembre, lo que le permitiría a Rajoy sustraerse al gran descalabro moral que representaría comunicar a la nación que no hay dinero para pagar la extraordinaria de diciembre a los pensionistas.