Enrique de Diego
Todos somos iguales ante la ley como los Pujol, los Rato, los Blesa y los Borbón. ¡Venga ya! Una mentira no se convierte en verdad aunque se repita mil veces y aquí las mentiras se repiten millones de veces por todos los canales de incomunicación por los lenguas de mierda. Unas navidades, el autor intelectual del caso Nóos, Juan Carlos de Borbón lo dijo en su discurso navideño, cuando él era impune constitucionalmente y no ha hecho más que cometer delitos como compulsivo chorizo.
Los jueces son independientes. Pues no, no lo son. La cloaca judicial, que eso es hoy la Justicia en España, un pozo ciego pestilente está dominada por la mafia política, que controla el Consejo General del Poder Judicial, que es quien asciende o releva.
La sentencia del caso Nóos es una vergüenza nacional y una indignidad judicial que, en el futuro, deberá conllevar la expulsión de la carrera a las tres juezas firmantes. La tesis de que la firma de Cristina de Borbón no vale nada, porque no sabía lo que firmaba y se fiaba de su esposo, de sentar jurisprudencia conllevaría la anulación de todos los contratos, empezando por los de las hipotecas o cualesquiera otro. Es obvio que si un ciudadano normal firma un contrato apechuga con lo que firma. La sentencia no tiene pies ni cabeza. Echa abajo el cumplimiento de los pactos –pacta sunt servanda– y el sentido universal de lo que es justo, que encomiara Pericles en su Oración fúnebre. Tampoco es de recibo que Diego Torres tenga una pena mayor que Iñaki Urdangarín, como si Diego Torres -que ha colaborado con la Justicia- fuera el urdidor y Urdangarín un pelele. La cloaca judicial emana sus pestilencias de continuo. La sentencia del caso Nóos es una diarrea jurídica.
Lo que denominé casta parasitaria tiene un componente de mafia perfecta. En el Chicago de la corrupta alcaldía de “Big Bill” Thompson, John Torrio, primero, y su sucesor Al Capone compraban jueces y policías. En la España de Rajoy, la mafia PP, la misma que destruye pruebas a martillazos, domina toda la Justicia y toda la Policía, los tiene comprados a todos, con sus prebendas. ¡Ya le hubiera gustado a Al Capone gozar de la posición de Mariano!
De esa forma, vemos que los sumarios por corrupción se eternizan, que cuantos saquearon las cajas, empezando por Rodrigo Rato, siguen en la calle, que probablemente van a ser absueltos los compulsivos depredadores de las tarjetas black.
Que la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, que amenazó con tirar de la manta, no ingresa en prisión, tras ser condenada a nueve años, con una fianza ridícula de 15.000 euros.
Que el fiscal general, José Manuel Maza, ordena a la Fiscalía de Murcia mirar para otra parte, defender y proteger al presidente de la autonomía, Pedro Antonio Sánchez, que no pagó a Alfredo de Pedro porque estalló el escándalo. Y el ministro Rafael Catalá recuerda que los fiscales deben obedecer, al poder político, claro, incluso eludiendo la obligación primera de perseguir el delito.
Que la jueza Gemma Somavilla Gurtubay de Elche ante la confirmación de que el PP no ha tenido personalidad jurídica, sino que ha funcionado mediante una asociación tapadera, confirmado por la declaración del tesorero, decide archivar en vez de preguntarse cómo ha financiado el PP sus campañas.
Que la Justicia de Alicante sentencia en el caso Ikea que la exalcaldesa Sonia Castedo y el capo de tutti capi, polla insaciable Enrique Ortiz no se conocen, aunque hayan estado todo el día juntos en los palcos, en el yate, en las horteras fiestas de pijama de Nochevieja en Andorra.
Que la Fiscalía está llegando a acuerdos con empresarios corruptos, financiadores del PP valenciano, para que eludan la cárcel.
Que el Tribunal Supremo se negó a investigar el enriquecimiento ilícito de José Bono.
Que ni se han abierto diligencias previas ante el hecho de que Juan Carlos de Borbón utilizó dinero público para comprar el silencio de su amante, Bárbara Rey. Que ese lelo puede hacer lo que quiera con su entrepierna pero con su dinero y no con el de todos, teniendo al CNI de mamporreros.
En España todos somos iguales ante la ley, pero como los cerdos de Rebelión en la granja, de George Orwell, hay unos más iguales que otros. ¡Mucho más iguales!
En efecto, la Justicia es igual para todos los miembros de la casta y es igual para el resto; es decir, hay una justicia, benigna y protectora, para los tiburones y otra, cruel e inmisericorde, para las sardinas.
Contémplese, si no con los ochos meses de prisión preventiva impuestos a Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, por luchar contra la corrupción; con la imputación de José Luis Peñas, denunciador de la trama Gürtel; y con los cuatros años de prisión para arriba a los catorce patriotas de Blanquerna, que no hirieron a nadie, ni la más mínima lesión, que fueron rociados con gas sarín y que quizás rompieron algo una puerta, aunque seguramente fueron los de seguridad, pero a los que el Gobierno y el PP lincharon desde el primer momento, dando la orden de que hubiera una sentencia ejemplar.
Este sistema no va a durar mucho. Está quebrado. Está muerto, agoniza y la ira popular se manifestará, contenida y racional, ante tanta mentira y tanto trágala, mientras se arruina a una sociedad.
La Justicia está para defender a la casta corrupta en sus urbanizaciones de lujo del populacho, la plebe y los dignos patriotas. Esta mierda de Justicia, la peor de las imaginables, está para ser fuerte y cruel con los débiles, y sumisa y lacaya con los jueces.
Lo que ni yo ni los crecientes lectores de Rambla Libre vamos a tragar es con esas groseras mentiras de que todos somos iguales ante la ley y que la Justicia es independiente. Mi repulsa a esta mafia política que nos desgobierna y nos hunde; y mi desprecio a esta Justicia indigna de tal nombre y lacaya.