Murcia apesta a chorizo



Pedro Antonio Sánchez. /Foto: lasexta.com.
Pedro Antonio Sánchez. /Foto: lasexta.com.

Luis Bru

Según informa El Plural, las fiscales del caso Púnica que se negaron a doblegarse al mandato de la Fiscalía General del Estado para exonerar en un informe al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se valieron de su informe sobre la senadora del Partido Popular y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para plasmar todas las acusaciones que tenían sobre el líder popular de Murcia.

El informe que finalmente emitió la Fiscalía Anticorrupción, y que iba firmado por una fiscal en funciones, contenía apenas 12 líneas con escasos argumentos judiciales y se refería a las “dificultades” para desvincular los contratos de reputación personal del dirigente del PP y los de publicidad institucional y alega que “ni siquiera” se llegaron a ejecutar, por lo que “no se ha producido perjuicio alguno” para las arcas públicas.

El débil argumento es desmontado con contundencia por las dos fiscales que no firmaron este informe, Carmen María García y Teresa Gálvez, en el informe que el 13 de febrero enviaron al juez Eloy Velasco y que estaba dedicado a justificar la petición de imputación para Barreiro.

En 27 páginas -y no en 12 líneas- del informe al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, las fiscales llegan a utilizar hasta en tres ocasiones el término criminal –“plan criminal” o “concierto criminal”- para referirse a las negociaciones que Sánchez y Barreiro realizaron con la trama Púnica, que ellas definen como “componendas” o “maquinaciones”.

En su exposición de hechos probados, las fiscales acusan: “Pilar Barreiro se concertó indiciariamente con el Consejero de Educación […] Don Pedro Antonio Sánchez, actualmente presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. Y señalan que Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso aceptaron “trabajar la reputación del consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet”.

También les acusa a “todos ellos” de elaborar “un nuevo plan criminal” para que el gasto de los trabajos “fuese sufragado con cargos a los fondos públicos del presupuesto de educación”. “Dicho contrato les permitiría desviar fondos públicos de dicha Consejería a favor de las empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez”.

Además, recuerda que los cuatro “mantuvieron contactos y reuniones”, que hoy probamos en ELPLURAL.COM con los mensajes de móvil enviados entre ellos, para “fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia”.  Y también mencionan la reunión del 11 de junio de 2014 en Madrid y el posterior “informe preventa que realizó la sociedad EICO tras la misma”, al que ha tenido acceso este periódico.

“La última fase de las maquinaciones la marcó la reunión del día 24 de octubre de 2014 en la sede de la Consejería de Educación, donde se estableción como fecha de inicio de los trabajos a Pilar Barreiro y la Consejero de Educación el 1 de noviembre”, añaden. Y señalan que “el gasto ilícito” se hubiera extendido “durante 7 meses […] si no se hubieran descubierto las actuaciones” policiales. “El plan criminal se hubiera traducido en un perjuicio a las arcas públicas de 2.100 euros mensuales por los trabajos para Pilar Barreiro y en 4.600 euros mensuales por los trabajos particulares realizados a Pedro Antonio Sánchez”.

Y destruyen todo el argumento de la Fiscalía Anticorrupción para ayudar al presidente murciano, sólo con un párrafo, donde hemos respetado el subrayado:

Cómo señala la Jurisprudencia se trata de un delito de mera actividad, al consistir la acción en concertase con otros o en usar cualquier artificio para defraudar a un ente público. La mera maquinación para despatrimonializar al Estado realizado por un funcionario ya rellena la tipicidad.

 

 


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