Ramiro Grau Morancho. Abogado.
Decía don Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, que la mejor forma de guardar un secreto es publicarlo en un libro, dada la tradición alergia de la mayoría de los españoles a leer…Y no le faltaba razón. Así hice yo, convencido de la bondad de la acción, al publicar como Epílogo de la tercera edición de “El Libro Negro de la Fiscalía Española” el texto que reproduzco a continuación, y que no es mío, sino que estaba colgado en la web de Manos Limpias, esa que fue retirada de internet al decretarse el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de su líder y secretario general, el abogado don Miguel Bernad Remón, con cuya amistad me honro.
¡Parece ser que había robado, presuntamente, una gallina!, y como muy bien dijo el presidente del consejo general del joder judicial (perdón, ha sido un error, quiero decir el poder), aquí sólo se persigue a los robagallinas, o a aquellos a quiénes el poder les tiene ganas.
Como decía don Miguel Bernad en el Prólogo a la segunda edición:
“Las sombras prevalecen indudablemente sobre las luces y es dentro de esta opacidad y oscuridad, que las decisiones importantes del Ministerio Público, se toman en petit comité, las actas no reflejan la realidad de los hechos, y los fiscales jefes son unos auténticos señores feudales.
Dentro de las sombras cabe destacar las innumerables falsas denuncias de los menores y de las mujeres maltratadas, que no son investigadas en multiplicidad de ocasiones por la Fiscalía.
Finalmente, queremos destacar lo que a nuestro juicio corrobora El Libro negro de la Fiscalía española y las sombras que rodean a esta Institución: es el comportamiento del Fiscal Pedro Horrach, convirtiéndose en el mejor defensor abogado y además gratuito (con el dinero de todos los españoles) de la Infanta Cristina de Borbón en el juicio Noos”.
Y añade en el Prólogo a la tercera edición el texto siguiente, que suscribo totalmente:
“Nadie discute la falta de independencia del Ministerio Fiscal, nadie discute su politización, nadie discute su jerarquización.
El Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio del derecho de defensa de la legalidad y del interés público, y no quiere asumir que la acción popular, por mandato constitucional, está habilitada para defender la legalidad y el interés público.
No acepta ni soporta el Ministerio Público que en cualquier proceso puede intervenir la acusación popular, que puede cambiar el criterio de los jueces o magistrados con su acusación, tan legítima como la de la Fiscalía, dio sea de paso, y para ello utiliza todos los mecanismos a su alcance para dificultar esa acción popular, como solicitar fianzas descomunales y desproporcionadas, sabedora además de la falta de recursos de quienes sostenemos dicha acusación popular…”.
(Prisión de Madrid IV, Navalcarnero, Madrid, diciembre de 2016).
Y sigo con la transcripción ad pedem literae, del texto que Manos Limpias tenía colgado en su web, que Dios quiera vuelva a lucir pronto en el ancho mundo de internet:
“En España, cualquier ciudadano de a pie, sin ostentar ningún cargo de responsabilidad, esta sometido si comete algún delito a tener que comparecer ante los Tribunales y ser condenado si se demuestra la comisión del delito
En España, los políticos, los empresarios, sindicalistas y los banqueros, en menor medida, pero también si cometen algún delito, están sometidos a los Tribunales
En España, los jueces y magistrados, si cometen alguna falta administrativa, están sometidos al órgano de Gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, y si cometen algún delito también se les juzga y se les condena por sus compañeros de los Tribunales.
En España, los Fiscales, el Ministerio Público, campan por sus anchas, y no se que clase de privilegios tienen, que les convierten en impunes en todas sus actuaciones. No conozco ni un solo caso de sanción o apartado de la carrera fiscal si cometen algún delito. (Sólo hubo un caso de expulsión de la carrera fiscal, posteriormente anulado por los tribunales, por “desobedecer” las órdenes del fiscal jefe provincial. Una vez anulada la sanción, la citada fiscal jefe, en lugar de ser cesada de inmediato, fue ascendida a fiscal superior…).
En España, los Fiscales, son el prototipo de cuerpo jerarquizado, reciben órdenes de sus superiores. Acusan según convenga o no a sus superiores. No tienen autonomía para cumplir con el precepto constitucional del artículo 124: defensa del interés público y de la legalidad vigente.
Los Fiscales, dictan resoluciones estereotipadas, sin la más mínima motivación, este es el ejemplo o muestra de lo que afirmamos:
“Vista la denuncia efectuada por ese Sindicato, se decreta el archivo y puede proceder a reiterarla en el Juzgado correspondiente”.
En multiplicidad de procedimientos penales, el Juez Instructor tiene que reiterar al fiscal que debe emitir el informe preceptivo, aunque no es vinculante.
El Ministerio Público incumple en ocasiones la legalidad, como sucedió en el caso en que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rodríguez Sol, se posicionó a favor del independentismo y no se le sancionó por esta acción.
El Ministerio Público manifiesta que los ultrajes al Jefe del Estado, a la Bandera Nacional, y a las Instituciones Oficiales, no son delitos, y no le pasa nada.
El Ministerio Público se permite insultar a los jueces que juzgaron al Juez Garzón en el procedimiento de la ley de memoria histórica y no le pasó nada.
El Ministerio Público no acusa en el caso Atutxa y este fue condenado únicamente por la acusación de la acción popular, concretamente nosotros, Manos Limpias.
El Ministerio Público no acusa en los procedimientos contra Baltasar Garzón, (Ley de memoria histórica; escuchas telefónicas a los abogados y mordida al ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín), y Garzón fue condenado por la acción popular de Manos Limpias.
El Ministerio Público puede acusar falsamente, presentar querellas prevaricadoras y políticas contra la Letrada de Manos Limpias y de su Secretario General, y no le pasa nada.
El Ministerio Público atiza permanentemente contra la Acusación Popular, por celos, puesto que quiere tener el monopolio en la defensa de la legalidad, e insta al Juez Instructor a no admitir querellas de la acusación popular, e imponer fianzas descomunales para impedir que la acusación popular pueda estar en los procedimientos, controlando y supervisando la actuación, muchas veces “política”, del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Público llega a pactos con imputados, con objeto de convertirlos en chivatos, pidiendo para ellos penas ridículas, e injustas, por la gravedad de los delitos…
El Ministerio Público se ha convertido en el mejor defensor o abogado de un imputado, como es el caso de la Infanta Cristina de Borbón.
El Ministerio Público interfiere en las pesquisas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Ministerio Público ha sido retratado por el ex Fiscal don Ramiro Grau Morancho, quien define en su Libro Negro de la Fiscalía Española su actuación de la forma siguiente:
“La mucha opacidad y grandes dosis de arbitrariedad con la que actúa, presuponen un riesgo para la seguridad jurídica, al poder ser utilizada la Institución para fines políticos partidistas y prestarse a que los delitos cometidos por los partidos gobernantes y sus dirigentes no sean debidamente investigados y sancionados”.
Esta es la gran asignatura pendiente que tiene nuestro sistema constitucional y democrático.
Mientras se siga manteniendo ese privilegio de impunidad, la sociedad española no tendrá la garantía de que estamos ante un verdadero Estado de Derecho.
Si la ley es igual para todos, tal y como hemos demostrado con la acusación popular contra la Infanta Cristina de Borbón, ésta debe también ser aplicada al Ministerio Fiscal”.
Dicen que las deudas más importantes de la vida son las que nunca pagamos.
¿Alguien cree que ha pagado bien la deuda con sus padres, con algún buen amigo, que te ha dado cobijo y apoyo en situaciones difíciles, etc…?.
Pues así nos sucede a los españoles de bien con Manos Limpias.
Que nadie nos ha pasado al cobro factura alguna, ni lo harán nunca, pero somos conscientes de que tenemos una deuda con ellos.
Quisiera que este artículo fuera mi modesta contribución al pago de una pequeña parte alícuota de esa deuda, por otra parte, totalmente impagable, por su magnitud.
Como he dicho en alguno de mis artículos previos sobre el asunto: si Manos Limpias no existiera, tendríamos que crearla.