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Escandalosa defensa de la Fiscalía del presidente de Murcia

Redacción




Pedro Antonio Sánchez. /Foto: lasexta.com.
Pedro Antonio Sánchez. /Foto: lasexta.com.

Luis Bru

Reproducimos a continuación la información publicada por El Plural, en la que establece paralelismo entre el caso del alcalde de Brunete y el del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que la Fiscalía, de manera escandalosa, ha salido en su defensa:

Brunete, un municipio de poco más de 10.000 habitantes al Oeste de Madrid, no está hermanado con ninguna ciudad extranjera, aunque, sin salir de España, podría vincularse con Murcia. Una unión basada en el caso Púnica, que pone a un nivel similar al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, y al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y que puede poner en entredicho la supuesta imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.

Este lunes, justo después del Congreso Nacional del Partido Popular, se conocía el escrito del juez Eloy Velasco, firmado el viernes, que pedía el certificado de aforamiento del presidente murciano, como paso previo para pedir su imputación. El razonamiento de este paso es que “sin la presencia ni el conocimiento de empleados públicos, y sí con el de eventuales de confianza”, se procedió a realizar el contrato con Alejandro de Pedro, cabecilla de la Púnica.

El contrato, en el último momento, no se llegó a realizar, gracias al estallido de la Operación Púnica, que fue precipitado, en parte, por el presunto chivatazo de un agente de la Guardia Civil a Francisco Granados. Y esto ha servido tanto a Sánchez como a la Fiscalía Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, para defender su inocencia.

El presidente murciano ha repetido que “nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó ni se encargó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta”. Algo que se puede esperar de quien está acusado de tres delitos, pero que sorprende en la Fiscalía Anticorrupción. Porque después de conocerse el escrito del juez, el Ministerio Fiscal sacó otro informe alegando que “no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.

Un argumento que pasa por alto la calificación legal de “grado de tentativa” o, visto de una manera más profana, implicaría que a un ladrón de bancos le pillasen con la pistola en la mano, pero sin coger el botín, y saliese impune porque no ha llegado a vaciar la caja fuerte.

Pues esta posición de la Fiscalía y el criterio judicial pueden estar en entredicho cuando nos trasladamos a Brunete. A mediados de diciembre, la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil envió al juez Velasco un informe detallado de 68 páginas, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en el que narran todos los trámites de la trama Púnica para que la empresa Cofely sacase partido de las arcas de Brunete. El trato estaba cerrado, como se prueba a través de las llamadas telefónicas intervenidas, y todo apuntaba a «que el alcalde de la localidad participa activamente en la concertación”. Incluso hay en el informe una fotografía del directivo de Cofely Pedro García saliendo del Ayuntamiento de Brunete.

La adjudicación, que estaba programada para aprobarse en la comisión municipal del 29 de octubre de 2014, se abortó deprisa y corriendo cuando se conocieron las detenciones de la Operación Púnica, que empezaron el 27 de octubre.  Se borró del orden del día y José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil, ambos implicados por la Guardia Civil, llamó corriendo a Pedro García, quien no respondió por estar ya detenido.

Mientras, su hija, la concejala del PP Cristina Gil, fue la que encargó a un técnico municipal un informe “que corría mucha prisa” y que debía estar listo en menos de un día para poder justificar la retirada de la adjudicación a Cofely del orden del día.

Es decir, no se llegó a dar el contrato a Cofely por los pelos y gracias, o por culpa, de las detenciones de la Púnica. Sin embargo, la Guardia Civil imputó al alcalde de Brunete para tomarle declaración, algo que no puede hacer el cuerpo armado con el presidente de Murcia por estar imputado. Un privilegio con el que no cuenta el regidor del PP y que, siguiendo la lógica de lo ocurrido en Murcia, le debería llevar ahora a ser imputado por el juez Velasco. Lo que está por ver es si la Fiscalía saldrá también a defender a Borja Gutiérrez con el argumento de que no llegaron a robar, pese a tener la pistola en la mano. Pero quizás este regidor madrileño tampoco cuente con el privilegio de tener a la Fiscalía cubriéndole las espaldas. El por qué a uno sí y a otro no, si se da el caso, puede dar para otra historia.