Virginia Montes
En agosto de 2016, el entonces aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump concedió una entrevista a la NBC en la que afirmó que expulsaría a todos los inmigrantes ilegales. Y lo está cumpliendo.
En la web de su campaña publicó un informe de seis páginas titulado “Reforma Inmigratoria que hará a Estados Unidos grande una vez más”, que incluía poner fin a la ciudadanía por nacimiento, que “sigue siendo el mayor imán para la inmigración indocumentada”. Reiteró su compromiso de construir un Muro en la frontera sur de Estados Unidos, así como “confiscar todos los pagos de remesas derivadas de salarios fuera de la ley; aumentar las tasas en todas las visas temporales expedidas a directores generales y diplomáticos mexicanos (y si es necesario cancelarlas)”. Junto a otros temas, que ha puesto en marcha, se comprometio a revocar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración que impiden expulsar tanto a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños (los llamados «dreamers», o «soñadores»), como a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus legal.
Esto es lo que ha votado el pueblo norteamericano. Trump no es un político profesional que dice una cosa en campaña y luego hace otra. Ha empezado las redadas contra los ilegales, empezando por los que tienen antecedentes penales. Estados Unidos va a ser un país más seguro.
El domingo, el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, uno de los más infuyentes asesores en material de inmigración, despachó con Trump sobre algunos objetivos como: “impedir la entrada de potenciales terroristas”, investigar “a todos los extranjeros de áreas de alto riesgo”, así como “detener la aceptación de los refugiados sirios”.