Luis Bru
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador general del Banco de España con el gobierno Zapatero, ha presumido de ser intocable por conocer todos los secretos del saqueo de las cajas; saqueo hecho en comandita por PP y PSOE. Esa intocabilidad hizo que el juez Fernando Andreu lo dejara libre de toda sospecha en el caso de la salida a Bolsa de Bankia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desacredita a Andreu.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este lunes al juez Fernando Andreu que cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa. Entre los nuevos imputados en la causa figuran el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el expresidente de la CNMV, Julio Segura. También deberá ser citado como investigado Fernando Restoy, número dos de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa y subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero.
El auto —resolución razonada— revoca la decisión del pasado noviembre por el propio juez Andreu de no investigar a la cúpula del organismo regulador. Según la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Fernández Ordóñez y Segura autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo”. También dieron luz verde a la operación pese a los avisos de que «la solución de la salida a bolsa suponía un grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes, estimado en unos 15.000 millones de euros».
La imputación de Fernández Ordóñez y Segura se produce después de que se incorporan a la causa cuatro correos internos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus en los que los inspectores alertaban a sus superiores de la inviabilidad de la salida a Bolsa a través de un sistema de doble banco para reflotar Bankia. “El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados” considera el tribunal presidido por Antonio Díaz Delgado. Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala ha acordado que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.
Indicios e informes múltiples
El tribunal cree que en el caso de los nuevos imputados existen «indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad». Además de los correos, la Sección Tercera tiene en cuenta otros informes ya presentes en la causa en los que los inspectores del Banco de España ya dan cuenta de «graves y reiteradas irregularidades» en la gestión de la antigua Caja Madrid y en el que se denunciaban las «excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones» en la entidad. Estos informes también alertaban de la inviabilidad de la integración de las cajas sobre las que se fundó Bankia. Además, se tiene en cuenta los informes de los peritos de auxilio judicial designados por el Banco de España, que en un informe al juez Andreu sostenían que el folleto de salida a Bolsa de Bankia era fraudulento.
El pasado 22 de noviembre el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se opuso a imputar en el caso Bankia a Fernández Ordóñez, Restoy, Segura y Comín. La Sala de los Penal, sin embargo, los admite ahora parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera.
El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a Bolsa y que, según aquellos, la autorizaron “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.
La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa por José Antonio Casaus y califica de “razonable” y “razonada” la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.