Enrique de Diego
El Gobierno está dando muestras de una notable inoperancia y de una manifiesta debilidad para afrontar el fuerte reto del secesionismo catalán que se ha puesto como meta conseguir la independencia de Cataluña este año.
La estrategia fundamental ha sido destacar a Cataluña a la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, para hablar continuamente de “diálogo” y “cooperación y estabilidad institucional”. Algo y alguien que no están impresionando los más mínimo a los separatistas. En propiedad, lo que están haciendo Soraya y el Gobierno es el más espantoso ridículo. Se traga de un Gobierno que ha estado remitiendo remesas del Fondo de Liquidez Autonómica para evitar la quiebra de una Generalitat catalana cuyo objetivo es la independencia y que ha anunciado la celebración de un referéndum –ilegal- en septiembre de 2017.
Mientras la interrupción de un acto en el Centro Cultural Blanquerna en la Diada de 2013 se ha sustanciado con una condena delirante para catorce patriotas españoles, con penas de cuatro años y superiores, el delito de sedición permanece de continuo impune.
La Generalitat catalana ha empezado a desarrollar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que tendrá 15 oficinas, la primera de las cuales, en el barrio de Poblenou ha sido inaugurada por Oriol Junqueras. Se trata de un acto de soberanía tolerado por un Gobierno atenazado en su propia nulidad.
Hoy lunes tiene lugar el juicio contra Artur Mas y dos consejeras en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el referéndum del 9-N. El separatismo está utilizando la manifiesta debilidad del Estado de Derecho como altavoz de propaganda del secesionismo y para crear su propio martirologio.
El Gobierno no parece tener ningún plan, salvo alguna negociación económica, a la que veladamente se refiere la soldado Soraya, cuya presencia en Cataluña ofrece una vis folclórica y delirante: la viva imagen de la debilidad del Gobierno.
La única estrategia creativa que se ha sugerido es la posibilidad de precintar los colegios el día en que se anuncie la votación. Parece una medida propia de Mortadelo y Filemón más que de un Gobierno serio, dispuesto a defender la unidad de España y la soberanía nacional.
Rajoy ha jugado a pudrir el problema del secesionismo catalán, a no darle importancia, mientras los separatistas siguen avanzando en sus propósitos cada vez con más osadía. El problema se ha salido de cualquier cauce mientras el Gobierno no transmite la seguridad de ser consciente de la gravedad del problema.