Josep Sansano
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra sigue insistiendo en que no habrá efecto llamada, pero eso es un voluntarismo. Los valencianos temen que el Plan de Inclusión y Cohesión Social de la Generalitat valenciana, presupuestado con 44 millones de euros, conlleve una avalancha de ilegales, que en Valencia no son expulsados sino que reciben una paga mensual de 532 euros (hasta 775 en unidades familiares), más acceso a las becas comedor, plaza en una escuela infantil o ayudas al transporte. El único requisito es llevar un año empadronado en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana.
Aunque en la hucha de las pensiones no queda dinero (15.020 millones) para pagar la extraordinaria de diciembre, por toda España se despilfarra el dinero dando pagas a extranjeros que nunca han cotizado, la mayoría marroquíes y argelinos.