Miguel Sempere
Ante la alarma social, creciendo hasta la indignación, por el subidón de las tarifas eléctricas, en plena ola de frío, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha visto obligada a abrir una investigación. Seguramente quedará en nada. Las eléctricas tienen a 43 políticos en sus consejos de administración, entre ellos, José María Aznar y Felipe González. Esta subida de la factura de la luz implica una reducción de las pensiones, pues se ensaña con los jubilados.
La fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación civil para averiguar las razones de los sucesivos aumentos del precio de la electricidad en los últimos días, coincidiendo con la ola de frío que ha azotado a la mayor parte de España. El ministerio público ha optado por una vía relativamente poco frecuente, la de artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que le faculta para “ejercitar cualquier acción en defensa de los consumidores y usuarios”. En caso de apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías eléctricas.
El precio del megavatio/hora ha alcanzado esta semana su cota más elevada desde diciembre de 2013, con una media de 88 euros y picos de cerca de 100 euros a partir de las ocho de la tarde. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció el pasado miércoles que el recibo de la luz que soportan los hogares se encarecería en torno a 100 euros anuales debido a la escalada de precios en el mercado mayorista.
Nadal achacó el alza a una conjunción de factores, entre los que destacó el frío, la falta de agua y viento para la producción hidroeléctrica y eólica; además de otros como la subida artificial del precio del petróleo tras el acuerdo de la OPEP del 30 de noviembre y la paralización de una cuarta parte del parque nuclear de Francia.
La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación sobre “las razones que están originando los sucesivos aumentos de precio que han experimentado en los últimos tiempos los recibos de la luz”.
En su nota, la fiscalía también hace referencia a las llamadas “acciones de cesación”, contempladas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios tras la reforma de marzo de 2014. Esta figura, procedente del derecho comunitario, tiene por objeto poner fin a las infracciones que perjudican a los intereses colectivos de los consumidores y está, en principio, contemplada para órganos administrativos —como las autoridades de Consumo autonómicas y nacionales— y asociaciones de usuarios.
El recurso a las acciones de cesación busca obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Según fuentes fiscales, lo que va a hacer el ministerio público es recopilar datos para ver si se dan los presupuestos para iniciar una acción colectiva, que, en su caso, se formalizaría a través de una demanda.
La vía elegida, pese a no ser muy frecuente, no es del todo desconocida. Ya en noviembre de 2012, la Fiscalía civil del Supremo emprendió acciones y exigió a los notarios y registradores de España a que devolvieran los aranceles cobrados de más a cientos de miles de clientes cuando cancelaron sus hipotecas.
Meses antes, en mayo de 2012, la Fiscalía Superior de Galicia preparó una demanda civil colectiva por el caso de las participaciones preferentes, en la que solicitó la nulidad de las cláusulas que sean consideradas abusivas. La demanda se presentó en nombre de 43.000 personas afectadas por las preferentes de Novagalicia Banco.