La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha evacuado una sentencia que agrava sustancialmente las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid a los patriotas que interrumpieron un acto secesionista en la delegación de la Generalitat catalana en Madrid, sita en la calle Blanquerna. El Tribunal Supremo se acoge a la agravante de “discriminación ideológica” (artículo 22,4 del Código Penal) para ascender la pena por desórdenes públicos de 6 meses a 2 años y 10 meses y la de daños ocasionados a bienes de propiedad pública a 1 año y 1 mes de prisión.
No sólo es un error de sentencia, es un estricto horror. Estamos ante una sentencia injusta y desproporcionada, de marcado carácter político, de intensa base antijurídica, que implica una apología del separatismo, al que se concede una sobreprotección abusiva, blindado por eso de la discriminación ideológica, concepto deletéreo, confuso, que se maneja con notoria arbitrariedad.
Se trata de un ataque directo a la democracia y una demolición del Estado de Derecho, entrando de lleno, sin límites ni escrúpulos, en el uso alternativo del Derecho, con la más estricta discrecionalidad y una caprichosa doble vara de medir.
Desproporcionada. Los incidentes en la sede de la Generalitat de la Diada de 2013 no pasaron de la interrupción del acto, no hubo heridos, ni lesiones, ni tan siquiera agresiones: en las fotos se ve como Josep Sánchez Llibre empuja a uno de los patriotas. No hubo nada parecido a vandalismo y los daños materiales fueron ínfimos. Había intocables, políticos, reunidos para acabar con España, y ahí está el quid.
Se ha establecido una penalización excesiva de una ideología y de una militancia, con intención tanto ejemplarizante como de sumisión al secesionismo, al margen de los hechos objetivos. Se ha castigado, convirtiendo el Derecho en una farsa, la significación política de los que interrumpieron el acto. Es evidente la doble vara de medir. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que asaltó una capilla –con manifiesta discriminación ideológica- con actuación manifiestamente violenta y amenazas del tipo de “arderéis como el 36”, ha sido absuelta. Grupos proetarras han interrumpido actos sin que ni tan siquiera hayan sido detenidos. Vemos salir y entrar a la familia Pujol, favorecida por la discriminación ideológica de su militancia nacionalista, sin la más mínima medida. Observamos a personas que han hundido cajas, bancos, que han robado y a los que la Justicia trata como privilegiados impunes.
Es manifiesto que en España no hay independencia del Poder Judicial y que, por tanto, no hay Justicia digna, sino una simple comedia que aquí ha alcanzado niveles de tragedia. Que el ascenso de los jueces es decidido por el Consejo General del Poder Judicial, cuya composición es política, según repartos parlamentarios, que por el PP durante mucho tiempo han sido decididos por Federico Trillo. Es decir, que cuanto más se asciende en la estructura judicial española menos independencia hay, más sumisión al poder ejecutivo y menos honor en sus integrantes.
El tiempo dirá hasta que niveles, que no han de ser pocos, estamos ante una sentencia dictada por el Gobierno para satisfacer a los secesionistas catalanes. Recordamos que el Código Penal contempla el gravísimo delito de sedición, que se comete todos los días a plena luz sin que merezca ni tan siquiera la detención. Organizar un referéndum para romper la unidad de España, llevando a la sociedad al conflicto, de consecuencias imaginables e impredecibles, pero de superlativa gravedad, sólo conlleva la petición de unos meses de inhabilitación.
Hete aquí que el separatismo está sobreprotegido pero que, al tiempo, no se puede celebrar un referéndum. Ambas cuestiones son contradictorias y van a estallar pronto. Por supuesto, que no puede celebrarse un referéndum, pero también que quien debe velar por la unidad de España, y abjura cada día de su deber, es el Gobierno y también en la cesión entra un Poder Judicial que es una vergüenza nacional y que precisa de una depuración a fondo, empezando por quienes han impuesto esta condena que es un horror.
Queremos transmitir desde aquí, en estos duros momentos, nuestro apoyo humano a los patriotas de Blanquerna y a sus familias. El gesto, que entendemos heroico de mostrar a una nación desnortada y vejada, que todavía quedan patriotas en España para los que la unidad de la Patria es algo muy serio, les ha costado caro por la crueldad de esta casta de traidores corrompidos. Hacemos votos para que en una España resurgida sean considerados los héroes que son.
El Estado de Derecho, ya muy debilitado, ha dejado de existir en esta entrañable y querida nación que es España.