Luis Bru
La semana pasada se presentó LGTBIpol, una asociación de policías nacionales y guardias civiles, que fue saludada con alborozo por el twitter oficial del Cuerpo Nacional de Policía como una celebración de la “diversidad”. ¿Estamos ante el embrión de una policía política LGTBI?
El supremacismo LGTBI últimamente no conoce límites. La Asamblea de Madrid ha puesto bajo el control de ese colectivo toda la enseñanza de Madrid, acabando con el derecho de los padres a la educación de sus hijos, con la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra, todo ello con muy poca resistencia, salvo una clara y valiente carta Carlos Martínez, director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que ha sido sancionado por el gobierno de Cristina Cifuentes con una multa de mil euros.
También la Comunidad Valenciana, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que es titular Mónica Oltra, los centros educativos pasan a tener la obligación de perseguir a las familias que no respeten la opción elegida por transexuales.
Lo que se está presentando como la búsqueda del respeto a las minorías se está convirtiendo en la tiranía de la minoría contra la mayoría y en una amenaza contra la civilización y la supervivencia de la especie o, por lo menos, de la población autóctona, que se pretende introducir en un proceso de sustitución y extinción, según el plan financiado por el especulador George Soros.
Si una Asociación policial sólo aceptara miembros heterosexuales seguramente sería denunciada. Sin embargo, LGTBIpol manifiesta en sus propias siglas una nítida exclusión. Son las enervantes contradicciones de la corrección política.
Lo que caracteriza al autodenominado colectivo LGTBI, que reclama como decisiva una identidad sexual, que quiere imponer al conjunto de la población, con la aquiescencia de todos los partidos –las leyes supremacistas son votadas por unanimidad como en la Comunidad de Madrid- es la libre elección de no reproducirse y, por tanto, el final del túnel LGTBI es la extinción, que está siendo promovida por los poderes públicos, y a la que es preciso confrontar. Se trata de imponer un proceso de ingeniería social propio de sociedades decadentes, rompiendo el principio natural de la supervivencia de la especie.
Lo más llamativo es que la corrección política combina la pretensión supremacista de los no-reproductores LGTBI con un apoyo sin fisuras a la islamización. El Hadd de Lavat islámico, el castigo de la sodomía es la muerte. Que la corrección política, en nombre de la quimera multiculturalista, pretenda hacer convivir el colectivo LGTBI con el musulmán no tienen parangón en la historia de la locura humana, de la más estricta estupidez.
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