Editorial
Con creciente estupor e indignación la opinión pública española asiste a la escenificación de la impunidad de los Pujol, una familia que es en sí una mafia, que se ha lucrado del 3% y que ha funcionado al margen de la Ley.
El último acto ha sido la declaración de Oldeguer Pujol para el que el fiscal pedía su ingreso en prisión, pues existen indicios de que ha seguido blanqueando dinero estando ya bajo investigación de la Justicia. El juez José de la Mata argumenta que en los dos años de apertura del procedimiento el fiscal no había solicitado tal medida. Parece una especie de disputa interna, que nada dice a la causa de la desacreditada Justicia en España.
Las medidas de retirarle el pasaporte y que tenga que presentarse cada quince días, sólo sorprenden, en efecto, por el hecho de que se toman dos años después. Lo que se ve es que ninguno ha ingresado en prisión. Es manifiesta la existencia de dos Justicias en España, como vienen destacando Ramiro Grau Moranco e Irene Calais, una de para los ciudadanos normales, en la que hay juicios rápidos e ingresos en prisión por el hurto de cantidades pequeñas, y otra lentísima y garantista al máximo para quienes roban grandes cantidades de dinero.
La impunidad de los Pujol es tanto más escandalosa cuando se aventan sospechas de que podrían tirar de la manta del sistema, de que el jefe del clan mafioso tendría documentación de prebostes del sistema que le blindan.
No podemos por menos que mostrar nuestra indignación respecto a la doble vara de medir, cuando a una persona inocente, un luchador contra la corrupción, que ha pagado siempre los impuestos de sus magros ingresos, un fiscal de puertas giratorias y un juez cumpliendo la venganza de un manifiesto amigo, han tenido ocho meses en la cárcel a Miguel Bernad Remón.