Enrique de Diego
En lo que llevamos de 2017, el 100% de los crímenes contra mujeres han sido protagonizados por inmigrantes. En Rivas, una profesora universitaria de 40 años fue asesinada, presuntamente por un colombiano de 20 años, que tenía orden de alejamiento. Una joven peruana de 24 años fue lanzada, en el barrio madrileño de Hortaleza, desde un 4 piso por un compatriota, ése tenía orden de alejamiento de otra mujer. De las 44 mujeres asesinadas en 2016, el 45% lo fueron por extranjeros. Si se tuviera en cuenta a los recientemente nacionalizados, posiblemente el porcentaje sería muy superior.
Las posibilidades de que una mujer inmigrante –o una española- sea agredida o muerta por un extranjero es seis veces superior a lo que sea por un autóctono. La tesis del feminismo lésbico de que no se trata de hechos personales sino de manifestaciones extremas del ubicuo patriarcado es una simple patraña, que está provocando males mayores de los que trata de corregir por la difusión del odio y la guerra de sexos.
Lo que se ha generado es una especie de cruzada cuyas cifras empiezan a ser escalofriantes. En el tercer trimestre de 2016, según el Observatorio de Violencia Doméstica hubo 38.402 denuncias que llegaron al ámbito judicial; 7 de cada 10 juicios terminaron en condena; sobre 10.117 hombres recayó algún tipo de pena. La población reclusa por la llamada violencia de género era de 3.987 a finales de noviembre de 2016; más que los condenados por homicidio, 3.803, y sólo superada en número por los condenados por robo, 19.704 o por narcotráfico, 10.818.
El dinero destinado a combatir esta lacra es ingente. Sólo esa población reclusa le cuesta anualmente al contribuyente 94.591.575 euros. Se han creado organismos específicos y una jurisdicción especial en la Administración de Justicia; teléfonos de atención, gran cantidad de propaganda. Los efectos de esta cruzada no acompañan: el número de crímenes sigue siendo elevado, aunque la población autóctona habría producido 24 asesinatos en 2016.
Toda la información sobre la violencia doméstica se ha convertido en una grosera manipulación dedicada a mantener el histérico negocio del feminismo lésbico y sus pretensiones supremacistas. Se oculta que se trata de un fenómeno especialmente acusado entre población inmigrante. No es tanto cuestión de educación sino de una Ley severa de inmigración.
Por supuesto, hay que mantener las mendaces y totalitarias tesis del feminismo lésbico para ocultar que la Ley de Violencia de Género es un fracaso y lo es por su manifiesto prejuicio ideológico. Como bien ha dicho, Antonio Salas, magistrado de la Sala 1 (Civil) del Tribunal Supremo, pertenece al ámbito de las “normas políticas más que jurídicas”.
No se quiere reconocer que la Ley de Violencia de Género ha resultado un fracaso y que las tesis, altamente ideologizadas, del feminismo lésbico están resultando contraproducentes. Según fuentes judiciales, muchos divorcios se dirimen a través de denuncias de malos tratos. El magistrado Antonio Salas ha provocado polémica al indicar en twitter que la violencia doméstica es “una manifestación más de la maldad del ser humano”. Hacía referencia a un sentido moral absoluto, frente al relativismo feminista según la cual esa violencia es consecuencia del mal intrínseco de todo el género masculino. Un género bueno y un género malo, no personas buenas y malas. Se trata de un abuso de una persona sobre otra. “Si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre no pasaría esto”. Esta frase ha producido la previsible persecución, aunque una de las medidas puestas en marcha en muchos lugares son cursos de defensa personal. Antonio Salas recordó que maltrato en homosexuales “lo hay y mucho”.
Con las tesis, acertadas, de Antonio Salas el mejor recurso es el Código Penal y la persecución de los auténticos maltratadores. La Ley de Violencia de Género ha desatado una cruzada ideológica, con prácticas inquisitoriales, privación de la presunción de inocencia, y no está funcionando. Por ejemplo, los dos presuntos asesinos de este año tenían órdenes de alejamiento que no cumplieron y el sistema no fue eficaz para proteger a las víctimas. Según fuentes judiciales, las órdenes de alejamiento a veces se usan para impedir la relación de los hombres con sus hijos, lo que genera una tensión añadida.
La violencia y los crímenes no son la consecuencia del patriarcado, como erróneamente han pretendido las feministas lésbicas y ha recogido en su nefasto artículo 1 la Ley de Violencia de Género, sino de conductas patológicas de vejación y dominio por parte de personas concretas.
Como ya indicó Rambla Libre, todos los parámetros inducen a pensar que entre los años 50 y 70 los crímenes sobre mujeres fueron muy pocos en España, puesto que descendieron sistemáticamente los homicidios, la población reclusa también descendió constantemente y la ratio entre reclusos y población general fue mucho menor, por lo que la tesis indemostrada y dogmática de que antes los crímenes eran más ha de ser tenida por falsa, una simple patraña, a la espera de que el Ministerio del Interior estuviera dispuesto a hacer un estudio realista y concienzudo de sus archivos.
El feminismo lésbico no ha servido para mitigar el problema, sino probablemente a agravarlo, pero si ha generado un negocio ingente y una oficina de colocación, al tiempo que se han introducido nuevos elementos de tensión en la familia y la sociedad y se ha hundido la natalidad.