Miguel Bernard Remón. Abogado. Secretario general de Manos Limpias.
Es una verdadera vergüenza que la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya inaugurado un despacho en la Delegación del Gobierno en Cataluña para tratar de hacer concesiones (privilegios) a la Generalidad ante el reto, desafío independentista.
Después de cuatro años, donde el gobierno de Mariano Rajoy ha sido cómplice y consentidor en una vulneración constante y permanente de nuestro ordenamiento jurídico, ahora pretende, de forma humillante por su respeto a la ley, a base de un diálogo de concesiones y privilegios. Como si el cumplimiento der la ley dependiera de contraprestaciones. Es una auténtica vergüenza para deslegitimar, legal y moralmente, al gobierno de Rajoy.
No hay más diálogo que el cumplimiento de la Ley, con la gravedad en el caso de la Generalidad, de comportamientos y actuaciones claramente delictivas y de alta traición.
Quince veces, con argumentos objetivos y descripciones de hechos notorios y palmarios, Manos Limpias solicitó a Mariano Rajoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por los graves perjuicios al interés general, incluyendo la fractura de la sociedad catalana.
La cobardía del Gobierno se puso de manifiesto, entonces y ahora. Entonces al hacer oídos sordos a esas peticiones, y ahora al pretender, por la vía del trueque, evitar lo que a nuestro juicio puede terminar en una confrontación más virulenta a la que estamos asistiendo, como espectadores mudos, pero no cómplices…
Mil razones se han producido para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Destacaremos algunos de ellos:
- Por comenzar por la última, la pasividad, complacencia y tolerancia del Delegado del Gobierno en Cataluña (sin duda obedeciendo órdenes superiores), ante la rebelión de 300 Ayuntamientos, al no querer atacar la festividad del Día de la Constitución.
- Las resoluciones independentistas de la Asociación de Municipios de Cataluña, con la estelada como símbolo en los balcones de los consistorios.
- La creación de una estructura de Estado, con “embajadas”, agencia tributaria propia, Tribunal de Garantías, texto constitucional (elaborado por un juez, Vidal, precisamente, denunciado por MANOS LIMPIAS por estos hechos).
- Las diversas resoluciones del Parlamento catalán, acordando la independencia, la hoja de ruta, etc., y rebelándose contra las sentencias del Tribunal Constitucional.
- El rechazo a que se escolarice a los niños en español, a pesar de las resoluciones judiciales.
- Las sanciones a comerciantes por rotular en español.
- La utilización de las televisiones y medios de comunicación para hacer apología del independentismo con fondos públicos.
- La celebración de un referéndum ilegal e inconstitucional con fondos públicos, de todos los españoles.
- La inclusión en los presupuestos de la Generalidad de partidas para el proceso independentista.
- Las constantes y permanentes injurias y vejaciones a las Instituciones del Estado y a sus símbolos, con la quema de la Bandera Española, retratos del Rey, silbidos al Himno Nacional, quema de la Constitución, etc.
- Todo ello queda impune por un Gobierno que carece de autoridad moral y de legitimidad al no defender la Ley, y el Estado de Derecho, y que ahora pretende de manera indigna dar privilegios a los independentistas, a cambio de frenar el proceso secesionista.
Como si el cumplimiento de la Ley estuviera sometido a trueques…
El proceso penal contra Arturo Mas y sus consejeras fue fruto de la querella de MANOS LIMPIAS, pues la Fiscalía en un principio se opuso.
Posteriormente acusó, pero sin incluir el delito de malversación de fondos públicos, que conllevaba penas de prisión.
La sociedad española todavía no es consciente de la extrema gravedad de tener un Gobierno que no defiende la Ley, que consiente comportamientos delictivos y que, en consecuencia, no tiene legitimidad moral, ni decencia.