Luis Bru
Mientras la Conferencia Episcopal se lleva gastados 69 millones de euros en propaganda sectaria a favor del Partido Popular con 13 TV, el PP le corresponde convirtiendo los colegios católicos en campos de concentración LGTBI, donde la doctrina católica va a ser perseguida y multada.
13 TV que es una televisión confesionalmente pepera, y en la que por supuesto no se ha informado ni criticado la Ley de Diversidad Sexual de Cifuentes, el último ejercicio perdió 12,9 millones y la Conferencia Episcopal hubo de recurrir al rescate con la capitalización de 22 millones de deuda y la puesta en marcha de una línea de crédito participativo de 12 millones de euros.
Resulta delirante, por ejemplo, que en los colegios del Opus Dei, con profesores que terminarán siendo puestos por el Consejo autonómico LGTBI, se vaya a enseñar ideología de género LGTBI y las virtudes de los nuevos tipos de familias. O que en los colegios de monjas se promueva el lesbianismo. Con gran dignidad, Carlos Martínez, director del colegio concertado Juan Pablo II, ha calificado el delirio totalitario de Cristina Cifuentes de “dogmatismo fanático”. En vez de «defender la familia y nuestras raíces cristianas«, los políticos «más cercanos» se ocupan en desarrollar «legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género aprobada en la Asamblea de Madrid«. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sectaria anticristiana Cristina Cifuentes, tan apoyada antes en Intereconomía y ahora en 13 TV? Llevar las declaraciones de Carlos Martínez a fiscalía. Una persecución a la libertad de expresión y religiosa en toda regla.
Carlos Martínez no está ya solo. El secretario general de la organización educativa Escuelas Católicas, José María Alvira, se ha mostrado preocupado por la imposición ideológica que supone la oleada legislativa favorable a la ideología de género. Y especialmente su enseñanza en las aulas.
En declaraciones a Religión Confidencial, Alvira rechaza las leyes autonómicas de protección contra la discriminación por diversidad sexual y de género, y especialmente su aplicación en los centros educativos. “Una cosa es el respeto máximo a las personas y por supuesto, la no discriminación, y otra la imposición ideológica”.
El secretario general de Escuelas Católicas, entidad que agrupa a 2.048 centros educativos, subraya que sobre este asunto, su organización está en permanente contacto con la Conferencia Episcopal para determinar cuál debe ser la forma de proceder. «Desde nuestros centros defenderemos la antropología cristiana a la vez que mostraremos un profundo respecto a todas las personas. Nuestros centros protegerán los proyectos de educación afectivo-sexual conforme a los principios católicos».
En esta línea, la posición de Escuelas Católicas «es de valentía para defender sus propuestas, pero a la vez prudencia y respeto», apunta Alvira.
Asignatura de religión
Respecto al pacto educativo, Escuelas Católicas viene pidiendo este gran acuerdo desde hace años y pide que se mantenga la asignatura de religión: «Nuestras peticiones pasan porque se contemple la libertad de enseñanza, que los conciertos educativos sean mejorados para hacer real esa libertad de enseñanza, autonomía de los centros y libertad de los padres para elegir la educación conforme a sus creencias, y en este punto, entra el derecho a la asignatura de religión».
El secretario general de Escuelas Católicas recuerda que la realidad de este país, que es aconfesional, es que «el 60% de los padres eligen esta asignatura para sus hijos».
En su opinión, el pacto educativo es un deseo de todos «pero no va a ser fácil. El punto de partida debe ser el artículo 27 de la Constitución en el que se reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».