Editorial
Castellón no puede ser Alsasua y lo fue el pasado día 19 por la negligencia del subdelegado del Gobierno, David Barelles. Con días de antelación, Castellón es empapelado convocando a una manifestación en la que se incita a ir encapuchados, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Ciudadana. Por el recorrido marcado, se trata claramente de un ataque planificado a la sede de Democracia Nacional.
Los responsables de Democracia Nacional avisan de lo que se prepara y piden que se cambie el recorrido o que haya protección policial. La nefanda Subdelegación del Gobierno no hace nada, no toma ninguna medida, ni tan siquiera se inquieta por el hecho de que por Castellón vayan a estar gentes encapuchadas con intenciones terroristas.
Y lo previsible sucede: cien encapuchados se plantan, el día de autos, ante la sede de Democracia Nacional, defendida por una veintena de militantes. Los agresores tiran botes de pintura, petardos de gran potencia, entre otros proyectiles ocasionales. Dos policías no uniformados pretenden que los militantes se refugien la sede, permitiendo el ataque de los violentos ultraizquierdistas, que portan símbolos proetarras. Los militantes de Democracia Nacional se niegan. Y aparecen tres furgonetas de la Policía Nacional dándose los agresores a la fuga, dejando un reguero de destrozos en los coches. Ni un detenido, ni una identificación.
¿Es esto una actuación policial? Es la peligrosa muestra de la inutilidad de David Barelles y de la impunidad con la que actúa la ultraizquierda batasuna en España, hasta llegar a hechos como el intento de linchamientos de dos guardias civiles y sus novias en Alsasua.
Terrorismo en Castellón, pues, se trata de aterrorizar, de amedrentar. Esa chusma ultraizquierdista encapuchada, que tiene tomada la Universidad Jaime I, es tolerada y protegida en sus desmanes por las autoridades del PP, como si ese partido, y sus responsables políticos que tienen la obligación de velar por el orden público, estuvieran encantados de que se ataque y agreda a patriotas acogidos a los derechos constitucionales y respetuosos de la legalidad. Obviamente, si los poderes públicos, que administran el monopolio de la violencia, no protegen a los ciudadanos, estos están legitimados para la autodefensa con todos los medios a su alcance. El inútil de David Barelles, como ha demostrado en este caso, está echando gasolina al fuego.
No podemos dejar de apuntar que pocos días después, a instancias del Gobierno, tras recriminación en pregunta parlamentaria del separatista Gabriel Rufián, se procede al desalojo de Hogar Social Madrid, por orden judicial, de la antigua sede del No Do.
Parece como si se hubiera desatado una persecución oficial contra los grupos identitarios, por la relevancia que están tomando. El desalojo ha dejado en la calle a 23 españoles acogidos, en situación de vulnerabilidad, y ha dejado sin el apoyo de alimentos que los miembros de Hogar Social Madrid.
La antigua sede del No Do, que es de Patrimonio del Estado, lleva décadas de abandono; fue desvalijada por un grupo de rumanos; y Hogar Social Madrid le había dado una benemérita función social. Es evidente que no se da el mismo trato, en agravio comparativo y doble vara de medir, al movimiento okupa de ultraizquierda, mimado por el Ayuntamiento de Madrid de Manuel Carmena.