Enrique de Diego
El patriotismo económico establece como axioma que el Estado ha de proteger los derechos de los nacionales, dentro de un territorio delimitado por fronteras. Las fronteras han de ser defendidas –si es preciso, con las armas- de forma que nadie pueda entrar ilegalmente. El concepto de inmigrante ilegal es una manifiesta contradicción; se trata de un invasor. Y ante él hay que usar la legítima defensa, con la correspondiente proporcionalidad, de forma que si entra en territorio nacional ha de ser deportado inmediatamente. Los CIE, por ejemplo, han de ser cerrados, con el correspondiente ahorro para el contribuyente, porque no puede haber inmigrantes ilegales. Quienes lleguen por mar han de ser devueltos de inmediato a su lugar de origen. El intento de entrar ilegalmente inhabilita por completo para cualquier petición de asilo, falso derecho que debe ser revisado hasta su extinción.
El lema utilizado por algunos de “los españoles, primero” es una concesión abusiva a la corrección política. “Sólo los españoles” o si se quiere “España para los españoles”. Puede debatirse hasta qué punto y de qué formas, el Estado –al margen de sus funciones esenciales de Defensa, Orden Público y Política Exterior- ha de prestar servicios a los nacionales, pero fuera de ellos no debe, en ningún caso, prestar servicio a nadie. Ningún extranjero, por ejemplo, puede recibir sanidad si no sufraga su coste. Ningún extranjero puede recibir ayudas sociales de ningún tipo ni de ninguna Administración.
Estos principios son claros, sencillos de entender y la confusión sobre ellos sólo puede traer muy graves consecuencias, porque ningún Estado puede actuar como una entidad caritativa, ni asumir los problemas del mundo, salvo que quiera sucumbir, arruinarse y llevar a sus nacionales al hambre y la miseria. Los sentimientos humanitarios y caritativos corresponden a la conciencia personal, pero no son predicables, en ningún caso, del Estado, una de cuyas misiones es la defensa de las fronteras, materia primordial en la que está fallando.
España sólo y exclusivamente para los españoles, sin ninguna cesión de soberanía a entidades supranacionales, lo que implica una reformulación de la Unión Europea a una zona de estricto libre comercio o la salida de la Unión Europea. Y, por supuesto, la recuperación de la moneda, elemento fundamental de la soberanía económica.
La nacionalidad no es un acto administrativo. Implica un sentido de pertenencia, una narrativa común, unas tradiciones respetadas; la disposición a hacer sacrificios por la Patria, en caso de necesidad, hasta la entrega de la propia vida. Y la adhesión a dos principios: la fraternidad con el resto de los connacionales, de forma que no puede pertenecer a la nación quien quiera exterminar al resto de la población, y la igualdad de dignidad entre hombre y mujer.
En las últimas décadas, la nacionalidad se ha ido concediendo, en aras de marchar hacia una sociedad multicultural, con requisitos meramente administrativos y como una especie de patente, de papeles, que incluyen la libre circulación por Europa. Todo ello, al margen de cualquier sentimiento patriótico. Esas nacionalidades deben ser todas revisadas.