Luis Bru
Seiscientos mil inmigrantes cobran actualmente el subsidio de desempleo. Eso significa han cumplido las condiciones legales para recibirlo y, por tanto, no entraña ningún escándalo. El escándalo estriba en la cifra. Indica que la inmigración en España ni ha estado, ni está relacionada con el mercado de trabajo, ni con las necesidades económicas de la nación.
Con casi 6 millones de parados, se concedieron en 2011 309.512 autorizaciones de trabajo a extranjeros y una cifra similar en 2012. Con 4 millones y medio de parados, siguen llegando inmigrantes.
Un caso especialmente llamativo es el de Andalucía: tiene 1.233.968 parados de los que 178.859 cobran el PER. La tasa de paro es del 35%. En estas condiciones, no parece haber ninguna lógica ni posibilidad para dar trabajo a inmigrantes. Sin embargo, de las 2.717.373 de personas que trabajan en Andalucía (afiliados a la Seguridad Social), 202.174 son extranjeros.
En los años sesenta, Francia, Alemania, Holanda, etc., organizaron un sistema, relacionado con el mercado de trabajo, en el que, en colaboración con el país emisor, se contrataba en ese país de origen, se les facilitaba un contrato y residencia. Cuando terminaban, tenían que volver.
La cuestión es si con el sistema actual: ¿los inmigrantes han ayudado a la economía nacional, aceptando los trabajos que los españoles no querían, por ejemplo, o han corrompido el mercado de trabajo, con un dumping interno?
Ahora en España tenemos ya seiscientos mil parados extranjeros, cobrando la prestación, que o bien se reincorporan al mercado de trabajo o dependerán toda su vida de las ayudas sociales, cuando no hay dinero para pagar las pensiones.
Cien mil inmigrantes cobran pensiones no contributivas: mil millones de euros anuales