Ramiro Grau Morancho. Abogado.
En la España franquista había dos tipos de presos, los llamados comunes, es decir por delitos que podríamos llamar normales y corrientes, y los políticos, que eran aquellos a los que se había condenado a prisión por su pertenencia a partidos políticos y sindicatos ilegales, o por actuar en forma (supuestamente) delictiva según la normativa legal vigente entonces: promover y organizar huelgas, etc.
Parece ser que dentro de las cárceles procuraban no mezclarse, pues los políticos no se consideraban realmente delincuentes (y con razón), y además tenían un nivel cultural y social muy superior al de los delincuentes comunes…
Por supuesto que había excepciones, y en algunas prisiones esos políticos (omito la denominación de delincuentes, pues realmente no lo eran) hicieron una labor cultural, divulgativa, de instrucción de los presos comunes, muchos de los cuáles tampoco eran realmente delincuentes, sino personas a las que la sociedad había tratado a patadas, en muchas ocasiones desde su nacimiento hasta la muerte.
Hoy en día en España no tenemos delincuentes políticos, y es una pena, pues realmente hay más delincuentes políticos que comunes.
Aunque en realidad no habría que llamarles delincuentes políticos, sino políticos delincuentes. O más bien delincuentes chorizos, con lo cual podríamos clasificar dos grupos de delincuentes, los comunes y los chorizos. Chorizos al por mayor, evidentemente…
La pena es que, gracias a los aforamientos, la existencia de un Tribunal Supremo altamente politizado, y de unas Salas de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia, dónde uno de cada tres magistrados es nombrado a propuesta del parlamento autonómico correspondiente, etc., hacen que, en la práctica, estos políticos chorizos raramente sean investigados, y mucho menos condenados.
Al fin y al cabo, el ideal de cualquier delincuente es poder nombrar al juez que le va a juzgar, o, por lo menos, influir decisivamente en su nombramiento…